Sin duda falta más información y análisis, pero sobre la base de información pública existente hoy, ya es posible a lo menos describir como mínimo cinco grupos de participantes en los hechos del último mes, y que es indispensable distinguir. En primer lugar, están las personas que salieron a manifestarse pacíficamente, logrando una convocatoria histórica. Representaron a la ciudadanía que hace años ya no confía en ninguna institución, ni pública ni privada, y que tiene tantas demandas como desafíos sociales tiene el país: pensiones, salud, educación, discriminación, clasismo, por nombrar algunas. Con un telón de fondo compuesto por un bajo crecimiento económico, una histórica inmigración, el envejecimiento acelerado de la población, la irrupción de la cuarta revolución industrial, los casos de colusión de empresas, el 'Paco Gate', la caída de la Iglesia y los casos de financiamiento irregular de la política, estos manifestantes, de todas las edades, no tienen sede ni agenda políticas claras, salvo el clamor por un cambio. Ante la falta de cohesión social y baja confianza interpersonal que nos caracteriza también ya hace años, las marchas además habrían satisfecho un 'deseo de comunidad'.

El que no participó en estas marchas, no fue parte de un momento histórico para el país. Si bien desconfían de toda la clase política, los acuerdos liderados por el ministro de Hacienda y el posterior acuerdo político para una nueva Constitución son para ellos a lo menos un principio de respuesta a sus demandas. Sin embargo, y contrario a las generalizaciones planteadas sobre todo al principio del estallido social por diversos líderes políticos y de opinión, sus legítimas motivaciones poco y nada tienen que ver con las motivaciones de otros grupos que han actuado y siguen actuando estos días, aún sin el suficiente rechazo de algunas facciones políticas y agrupaciones sociales. En concreto, en las mismas manifestaciones participan grupos más pequeños de jóvenes dispuestos a ejercer violencia, y de la más extrema. Estos encapuchados se toman el espacio rompiendo y quemando infraestructura pública y privada, dejándolo desolado. Sus actos no expresan un 'deseo de comunidad' alguno, y más que un deseo de cambio, profesan la destrucción. Grupos de encapuchados también se movilizan a lo menos concertadamente fuera del contexto de las marchas hacia determinados puntos en las ciudades del país, generando claras olas de destrucción, con focos distintos en cada una.

Después del ataque destructivo del metro, su foco fue la cadena de abastecimiento, y al tercer día fueron los peajes, municipalidades, consultorios, entre otra infraestructura de servicios públicos, el comercio en general, y después la Ruta 5. En el caso del comercio, una vez descuajados los cierres de locales, a las personas sin vínculo delictivo que saquearon por la oportunidad se sumaron bandas organizadas para reducir especies robadas. Casi el 90% de los saqueadores detenidos cuenta con arrestos previos. Especial foco cabe para los destructores del metro, sobre los cuales hay más preguntas que respuestas. ¿Qué nexos tienen con los encapuchados? ¿Cómo se financian? ¿Por qué y cómo la evasión del pasaje del metro detonó un ataque altamente sofisticado y premeditado, con tal poder destructivo? Lo único cierto es que su actuar no fue casual, y que ni a ellos ni a los demás encapuchados les importan los acuerdos políticos. En este contexto, lograr frenar la violencia que impera hoy en Chile requiere de manera urgente que tanto las autoridades políticas como la ciudadanía dejemos de generalizar sobre lo que está pasando, y condenemos transversal y absolutamente la violencia. Aunque sirva de poco consuelo para las miles de víctimas directas de la violencia de este último mes y de los millones de chilenos que sufrirán las consecuencias de este mes de destrucción, más vale tarde que nunca.