Es en tiempos de crisis cuando más necesitamos del pensamiento crítico que se aleja de lo políticamente correcto, que no apunta con el dedo a otros y que no presume tener un diagnóstico preciso y respuestas obvias e inmediatas. Con esta actitud, queremos dar nuestra mirada sobre la llamada agenda antiabusos anunciada por el Gobierno. Pero antes de entrar a ella, a partir de mi experiencia como gerente y presidente de Colbún por 12 años, pero también habiendo integrado otros directorios de empresas que tuvieron momentos buenos pero también crisis dolorosas como la de CMPC, quisiera comenzar por resaltar el irreemplazable rol de los directorios en construir y mantener viva culturas empresariales que incentiven un actuar tan íntegro como innovador, lo cual requiere estar sistemáticamente desafiando la inercia del statu quo.

Sobre la agenda antiabusos anunciada por el Gobierno, cuyos titulares compartimos, estimamos fundamental realizar un análisis crítico del diagnóstico que la inspira, como de los eventuales riesgos que conlleva. En efecto, predomina en el debate un diagnóstico que me parece no tiene sustento en la realidad comparada y que no compartimos, a saber, que las empresas chilenas tendrían una falla estructural que las hace más propensas al abuso que en otros países. Para quienes así piensan, el régimen sancionatorio siempre será insuficiente, al punto de omitir que con la reforma de 2016 en materia de libre competencia la regulación chilena es incluso más severa que la de muchos países europeos, tal como lo indican 12 destacadas profesionales de la Red Procompetencia, las que concluyen que 'antes de implementar nuevas reformas, se conozca lo que ya existe' ('El Mercurio', 11 de diciembre).

Sí, hay abusos y graves, tal como ocurre en todas las latitudes y en sistemas complejos como son las empresas, organismos del Estado u organizaciones de la sociedad civil. ¿Es importante igualar la cancha según la gravedad de distintos tipos de delitos, sean estos económicos, de mercado o comunes? Sí. ¿Es beneficioso para empresas, clientes y mercados que respecto de delitos graves existan penas altas, incluso de cárcel? Sí, para que sean disuasivas.

Sin embargo el diagnóstico referido, sumado a 'una mezcla de desconfianza hacia los particulares y de fe en una supuesta pureza del Estado y sus funcionarios' ('El Mercurio', 12 de diciembre), y a la eventualidad de que las nuevas normas queden con espacios de ambigüedad y no definan con precisión la tipología de delitos y los ámbitos de responsabilidad como tantas veces ocurre, se corre el riesgo de que el sesgo regulatorio e investigador reemplace la presunción de inocencia por la de culpabilidad, lo que no solo servirá como disuasivo de malas prácticas, sino que también como inhibidor de comportamientos positivos.

Este riesgo es especialmente complejo para la actividad empresarial, donde tomar decisiones y emprender proyectos complejos con resultados impredecibles está en la esencia de su dinamismo, de los procesos de destrucción creativa y de su actitud favorable a asumir riesgos. Así, por ejemplo, en procesos virtuosos como es la entrada de un nuevo actor a un mercado para desafiar a la empresa incumbente, procesos que normalmente presentan alta volatilidad en las dinámicas competitivas, un ciclo de alza de precios después de una guerra de precios podría presumirse colusivo.

O a una reorganización empresarial que beneficia a la economía y a los consumidores, por tener un efecto recaudatorio menor a otra alternativa de reestructuración, bien podría presumírsele evasión tributaria. Termino haciendo un llamado a no ser cómplices de ese relato de un país de abusados y abusadores, de buenos y malos, que algunos intentan crear, y volver a construir una idea país constructiva, en la que tengan cabida todos. Aquellos que llevamos con orgullo y humildad el nombre de empresarios, queremos y creemos que tenemos mucho que aportar a nuestro país en esta encrucijada.