La suma de los derechos y los deberes y el equilibrio en sus cumplimientos resulta fundamental para el ejercicio de una sociedad sana que entregue posibilidades justas para todos y restricciones cuando fuere menester. En el último tiempo se ha puesto mucho énfasis en ir construyendo una ciudad accesible para aquellas personas que sufren algún grado importante de discapacidad física y ha habido mejoras en veredas, ingreso a edificios públicos y privados y otros. Sin embargo, hay importantes deudas y una de ellas es disponer de estacionamientos para quienes son transportados en vehículos al centro de las ciudades para cumplir con diversos trámites.

¿Qué ocurre en la mayoría de las ciudades?:
apenas se dispone de un par de espacios en el centro y frente a instituciones relevantes. En otras, no existe ninguna posibilidad de encontrar algún estacionamiento autorizado para los vehículos que transportan a quienes muestran movilidad reducida y cuentan con la debida autorización. Indudablemente los municipios deben revisar a fondo su política vial y poner solución a esto, que es -a todas luces- una anomalía y clara vulneración a los derechos de las personas discapacitadas. El personal municipal, eso sí, luce especial esmero para cursar infracciones de alto valor a quienes, impedidos por las circunstancias y el colapso de los estacionamientos privados, se ven obligados a detenerse algunos minutos en calles céntricas para bajar una silla de ruedas o trasladar a algún enfermo.

Tal diligencia no se condice con el deber municipal de proporcionar las facilidades mínimas a quienes deben soportar una privación importante de su salud y no cuentan con alternativas. Ese celo de los inspectores municipales debería canalizarse -además- a sancionar a quienes ocupan, sin serlo, los estacionamientos para discapacitados.