'… Estamos convencidos de que hoy, como nunca, el sector público y privado tienen la oportunidad de demostrar empatía y comprensión mediante acciones concretas…'.En un contexto de tanta intensidad y tensión como el que vivimos, es fácil desde los liderazgos polarizar el debate, ofrecer soluciones fáciles y saltarse los incómodos criterios de priorización, de factibilidad y de rigor técnico. Es cómodo también omitir que, mientras así se actúa, se sigue debilitando la economía y su consecuencia más dramática: el aumento del desempleo.

Nunca es majadero insistir en que la primera acción concertada que se espera de los poderes del Estado es restablecer el Estado de Derecho que permita, con absoluto respeto a los derechos humanos, vivir en paz y resguardar el orden público. Luego, en materia laboral, el sentido de la responsabilidad sugiere pasar a una acción urgente que le cambie la pendiente al deterioro que estamos viviendo. Llevamos a cuestas dos meses con Imacec negativo, lo que nos puede hacer caer en el peor desempeño económico trimestral desde la crisis financiera global del 2008. Y las desvinculaciones por necesidad de la empresa llegaron a 177 mil personas, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre, casi duplicando el promedio mensual normal. Debemos intentar transformar esta realidad tomando decisiones responsables e informadas. La 'Mesa Técnica sobre calidad de vida y reducción de jornada' plantea una disminución a 40 horas con gradualidad, pero recomienda, por la situación de nuestro país, suspender temporalmente la tramitación del proyecto de ley y fortalecer la adaptabilidad.

El informe 'Evaluación y consecuencias de la reducción de jornada', de la Comisión Nacional de Productividad, proyecta una reducción de los salarios en torno al 2%-3% mensual; un PIB en 4 a 5 años menor, entre 2,5% y 7,5%, y una caída en la productividad de entre 1% y 3,5%. Por su parte, el Banco Central anticipa que la tasa de desempleo podría alcanzar los dos dígitos. Con estos datos sobre la mesa, proponemos que el sector privado y público avancen en al menos tres direcciones prioritarias: adaptabilidad y corresponsabilidad —puertas de entrada y de desarrollo para las mujeres en el mercado formal—, reconversión formación continua, y empleabilidad. Objetivos que comparten dos elementos en común: por un lado, en ellos se encuentran la calidad de vida de las personas y la productividad de las organizaciones y, por otro, permiten a la empresas evolucionar dentro de las posibilidades del marco regulatorio vigente y al Congreso, acelerar iniciativas en discusión e incorporar otras de fácil implementación. En concreto, las empresas pueden fortalecer el capital humano, social y económico de las personas, en primer lugar, haciendo un esfuerzo importante y permanente para adaptarse de mejor manera a sus necesidades personales y familiares, haciendo uso de los instrumentos del marco legal vigente, como teletrabajo, pactos de adaptabilidad y jornada parcial, o acordando trabajar menos de 45 horas a la semana, porque es el límite máximo, no el mínimo. En segundo lugar, ampliando la capacitación a través de un trabajo concertado con las OTIC y el Sence, transformándola en reconversión y formación continua para los desafíos del siglo XXI y para enfrentar la crisis de empleo en curso.

Y finalmente, aumentando la empleabilidad de jóvenes mediante redes con liceos técnicos para conectarse tempranamente con los estudiantes, y utilizando herramientas como el subsidio para el empleo joven y el contrato especial para jóvenes estudiantes que hace compatible el trabajo formal con los estudios. Por su parte, el Congreso puede generar un impacto importante aprobando transversalmente cuatro proyectos de ley en trámite: el que moderniza el sistema de capacitación; el de sala cuna para madres o padres trabajadores dependientes, independientes y de casa particular; el que amplía el teletrabajo a todo tipo de trabajos a distancia (no solo para aquellos que se hacen por medios informáticos o de telecomunicaciones) y se esté o no sujeto a jornada laboral, y finalmente, el recién ingresado proyecto de ley 'Que protege el empleo y fortalece el seguro de cesantía', el cual crea medidas transitorias orientadas a desincentivar el despido y reemplazarlo por una reducción de jornada, cubriendo el seguro parte del sueldo que deja de percibir por la disminución de horas a trabajar. A su vez, esta reforma exige menor cantidad de cotizaciones para acceder al seguro de cesantía, abriendo su puerta a más personas. Estamos convencidos de que hoy, como nunca, el sector público y privado tienen la oportunidad de demostrar empatía y comprensión mediante acciones concretas que acojan el esfuerzo que implica trasladarse día a día a los lugares de trabajo; por equilibrar el cuidado de la familia con rígidas condiciones laborales, y por mantenerse vigente en la economía del siglo XXI. Y así, juntos —empresas, poderes Ejecutivo y Legislativo—, podrán no solo intentar frenar la proyectada pérdida de empleo y aumentar su calidad, sino también abrir la puerta al mercado formal a quienes no han estado plenamente incluidos en él.