El cáncer es la segunda causa de muerte en la región de las Américas. Se estima que 3,8 millones de personas fueron diagnosticadas en el año 2018 y 1,4 millones murieron por esta enfermedad. Los tipos diagnosticados con mayor frecuencia entre los hombres son de próstata (21,7%), pulmón (9,5%), colorrectal (8%), vejiga (4,6%) y estómago (2,9%). Entre las mujeres, los que tienen mayor incidencia son de mamas (25,2%), pulmón (8,5%), colorrectal (8,2%), tiroides (5,4 %) y cervicouterino (3,9%). La OMS calcula que el número de casos de cáncer aumentará un 32%, superando los 5 millones de nuevos casos en 2030, en América Latina y el Caribe.

El cáncer es un problema creciente en todo el mundo, por varias razones, entre las que figura el envejecimiento de la población y los cambios en los estilos de vida que aumentan la prevalencia de riesgo. Los principales factores detonantes son el tabaco, la obesidad, el bajo consumo de vegetales y frutas, la falta de actividad física, el abuso del alcohol y la infección con el virus del papilo-ma humano por transmisión sexual. La mayoría de los que se nuevos casos que se proyectan ocurrirán en países de bajos y medianos ingresos.

En Chile, el panorama para 2020 es desafiante, ya que se estima que esta patología se transformará en la primera causa de muerte. En nuestro país, la primera causa de muerte de las mujeres es por cáncer mamario, pero a la vez la realización de un diagnóstico temprano aumenta las probabilidades de vida de la paciente.

La Sociedad Chilena de Oncología Médica ha dado a conocer en los últimos días el deseo del gremio de que se termine de revisar y de aprobar finalmente el proyecto ley nacional del cáncer, que fue aprobado por votación unánime en el Senado y que ahora se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. También se ha planteado la importancia de avanzar en el conocimiento para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes que se ven afectados por las múltiples variantes de esta enfermedad. A la vez, es primordial que se pueda garantizar un acceso a las terapias oncológicas que no están incluidas en la ley Ricarte Soto ni en el GES.