Como mundo empresarial debemos ser tajantes con el imperativo de recuperar el orden público, pero al mismo tiempo, recordar que la crisis que vivimos es multidimensional y trasciende ese requisito esencial para vivir en sociedad.

Su origen integra la frustración de expectativas por el alicaído progreso de los últimos años; una promesa de meritocracia y movilidad parcialmente cumplida; el temor de las clases medias a perder lo logrado, amplificado por la inequidad en el acceso a educación, salud y pensiones dignas. Si agregamos las malas prácticas de algunos en la empresa, política, Estado y sociedad civil, así como la lentitud en emprender las reformas sociales necesarias, podemos entender por qué se profundizó la desafección de la ciudadanía con las élites y se deslegitimó el fundamental reformismo gradual, único camino que las sociedades modernas han seguido para asegurarles un creciente bienestar a sus ciudadanos.

Para mirar hacia adelante a partir de esta lectura, es útil tomar distancia de la contingencia y mirar hacia atrás. Frente a la frustración referida, ha sido sistemática la estrategia de ciertos sectores de buscar culpables —los empresarios o el tan manoseado modelo—, escondiendo las fallas propias y las del Estado. Frente a ello, fueron cada vez más escasas las voces que transmitieran a los chilenos el sentido común detrás de las políticas públicas que pusieron al país en el camino para salir del subdesarrollo, y propusieran reformas sociales innovadoras para los desafíos pendientes, las que fueron muchas veces reemplazadas por propuestas apegadas al panfleto más que a la razón. Algo de autocomplacencia por los logros pasados nos hizo asumir que no era necesario salir a la cancha a advertir, por ejemplo, que no hay mejor política social que el crecimiento acompañado por un reformismo social sistemático en ayuda de los más vulnerables.

Mirando ahora hacia adelante y enfrentados a la posibilidad de que las decisiones de los próximos dos años definan el Chile de las próximas tres décadas, el mundo empresarial debe desprenderse de esa comodidad, no para irse a otra trinchera también inmovilista, como es la de ser meros exaltadores de los innegables riesgos de un futuro incierto. Las instituciones empresariales debemos estar del lado de ese reformismo gradual y decidido, propio de los países que progresan, los que además son escépticos de soluciones refundacionales o derechamente populistas, de las cuales no estamos exentos. Sin embargo, en los tiempos actuales el método —o el cómo se desenvuelve el proceso de reformas— será tan importante como el resultado para la legitimidad de estos cambios y su sustentabilidad en el tiempo. Dada su desafección con la élite política y económica, la ciudadanía quiere ser protagonista y no solo testigo del proceso de reformas, pero al mismo tiempo, les pide a esas mismas élites que sean parte de la solución.

Por esta razón proponemos mirar el proceso constituyente como una oportunidad, validando tanto el camino reformista que propone la opción Apruebo, como aquel, también reformista, que plantea la opción Rechazo. Creemos que la cuestión del orden público no debe ser utilizada para idealizar una alternativa o estigmatizar la otra. Pero para no confundir optimismo con ingenuidad, insistimos en que orden público y ausencia de coerción y funas representan condiciones habilitantes mínimas para garantizar la libre expresión de todos los puntos de vista, lo cual es requisito fundamental para que el proceso, en cualquiera de sus vertientes, pueda canalizar ese reformismo gradual que transforme esta crisis en una oportunidad.

Mientras el Estado debe asumir la responsabilidad de dar señales claras para generar esas condiciones mínimas habilitantes, las organizaciones empresariales debemos desde ya ser protagonistas de este proceso, proponiendo contenidos e identificando dónde están las convergencias y divergencias en materias como la autonomía de ciertas instituciones del Estado, la responsabilidad fiscal o quién define el cómo se procuran los derechos sociales (¿los tribunales o las leyes?), entre otras.

También debemos advertir sobre la frustración que podría arrojar este proceso si es que no abordamos, de manera simultánea y con igual importancia, el desafío de modernizar nuestro Estado para que esté acorde con las exigencias que han manifestado los ciudadanos y con los desafíos del siglo XXI. Sin un aparato público eficaz y eficiente, al servicio del desarrollo y bienestar de las personas, una Constitución será solo palabras.

Finalmente, debemos proponerles a los ciudadanos el sentido común que subyace a un proyecto país cuyos pilares dibujan una sociedad libre y una economía abierta, donde mercado, empresa y Estado evolucionan para enfrentar desafíos como el de profundizar la competencia y el buen trato a los consumidores en los mercados, a los colaboradores y proveedores en la empresa y a las comunidades en los distintos territorios, y donde mejorar el acceso y calidad a salud, educación, pensiones y espacios públicos sea una responsabilidad de todos.

Durante la transición a la democracia existió un dilema similar al de hoy. Afortunadamente prevaleció un mundo empresarial con convicciones que, consciente de los riesgos del proceso que se iniciaba, no se inmovilizó y fue protagonista de los cambios. Hoy debemos tomar el mismo camino.