Más de 376 mil recursos de protección contra las isapres se presentaron el año pasado en las Cortes de Apelaciones de todo el país. La cifra, que constituye un alza del 176% respecto de 2018, es la más alta que registra el sistema desde el inicio de la judicialización.

Así lo revelan las cifras del Poder Judicial y que muestran que, del total de causas, cerca de 200 mil corresponden a afiliados que intentan evitar el alza anual del precio base de sus planes. Los restantes recursos, en tanto, se presentaron en forma inédita, por el alza de precio de la prima GES que ejecutaron las isapres el año pasado, tras la inclusión de cinco nuevas patologías al programa de salud.

Para Héctor Sánchez, académico de la U. Andrés Bello, las isapres tienen un modelo de negocio errado, pues operan 'con un sistema de libre elección de especialistas y pago por acto médico, donde ambos son inflacionarios y provocan que los costos se disparen'.

A eso se suma, añade el experto, que las aseguradoras 'no han sido capaces de controlar estos costos y lo que han hecho es trasladarlos a precio, llevando a las personas a defenderse presentando recursos en los tribunales. Así, esta suma de recursos son el síntoma de la enfermedad que padece el sistema y que se viene agravando'.

Victoria Beaumont, directora ejecutiva de la Fundación Politopedia, sostuvo que 'se está en un punto de quiebre donde se requiere un cambio en cómo enfrentamos los costos de la salud y su aumento'.

Además, explicó que las costas para la industria podrían llegar a $ 38 mil millones, en caso de que las cortes admitan la mitad de los recursos por el reajuste de la prima GES.

Frente a este panorama, Victoria Beaumont dijo que 'es importante generar una estrategia de indicadores que diga cómo se genera el gasto y luego cuáles son las variables que impulsan el mayor gasto, para después evaluar entre todos cómo repartimos ese gasto, pero hay que tener transparencia desde el principio'.

A su vez, el ex presidente de la Asociación de Isapres Rafael Caviedes sostuvo que este nivel de judicialización raya en lo absurdo, pues genera un incremento tremendo de los costos al sistema y la única forma de resolverlo es mediante un cambio en la legislación que se viene esperando desde hace más de 10 años'.

En marzo próximo las isapres deben informar el reajuste que aplicarán al precio de los planes para el período 2020-2021.

Frente a esto, desde el gobierno se dio a conocer un IPC de salud referencial, que estimó el alza en un 4,0%, promedio, con un máximo de 5,2%.

Este indicador, sin embargo, ha sido criticado por expertos en salud, que estiman que finalmente serviría más para validar los aumentos de precio que para intentar contenerlos.