Señor Director:

Respecto de la columna 'Un seguro nacional de salud: mitos y realidades', publicada hace unos días, concordamos en la urgencia de avanzar hacia un sistema de salud más equitativo. Lo anterior, como bien señalan sus autores, implica también mejorar la respuesta del sistema en base a criterios de planificación sanitaria.

Como Cámara hemos sido enfáticos en sostener que es necesario un cambio estructural en la institucionalidad actual, que permita bajar el alto gasto de bolsillo que tienen hoy las familias y, a la vez, garantizar acceso universal a medicamentos de última generación para todos, sin discriminación.

Los medicamentos son parte esencial de las prestaciones de salud y su cobertura debe ser considerada en cualquier propuesta que tenga como fin la implementación de un sistema de aseguramiento que responda a las necesidades de la población.

Así, hemos propuesto recoger la experiencia de otros países OCDE y crear una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias transparente, independiente y autónoma, a cargo de la evaluación del valor que aporta un determinado tratamiento innovador al sistema de salud. Estas agencias recomiendan qué medicamentos deben ser o no cubiertos según el valor que aportan al sistema de salud, en base a consideraciones fármaco-económicas.

Luego, con esta recomendación, el Ministerio de Salud evaluaría su inclusión en los sistemas de cobertura, mediante un comité de precio y reembolso, donde se negociaría con los laboratorios el precio al que el Estado reembolsaría el medicamento a incorporar.

Como se proponía en la citada columna, este modelo garantiza un enfoque sanitario que aporta transparencia y centra la elección de los medicamentos que tendrán cobertura —pública y privada— exclusivamente en el aporte de estos para los pacientes. Al final, es eso lo que realmente debería importarnos.