En una columna en este medio, diversos profesionales proponen un seguro único de salud estatal, de afiliación obligatoria para todos los chilenos, como la solución a los problemas que enfrenta el país. De su planteamiento se deduce que el derecho a elegir en salud sería innecesario y, por ello, se obligaría a todos a participar del monopolio estatal. Eso parece tan burdo como aquella propuesta de eliminar los colegios privados para resolver los problemas que enfrenta la educación pública.

Hayek, en 'Camino de servidumbre', señala que la intervención estatal en las diferentes áreas del ser humano nos lleva a la esclavitud. Aceptar grados de estatismo en políticas públicas es la misma pócima contra la libertad individual, pero en diferente escala, que siempre tiende a aumentar su infiltración con una irresistible inclinación a la ineficiencia.

Asimismo, Rothbard (filósofo y economista) sostenía que la administración burocrática del gasto público es un hecho inmoral, puesto que el error es creer que un grupo de políticos serán capaces de identificar las necesidades de los ciudadanos mejor que ellos mismos. Por tanto, no se puede sostener que la burocracia sea la fuente de las soluciones que requiere la sociedad, como señalan los columnistas. Hay que reconocer, eso sí, que las propuestas estatistas parecen atractivas, pero sus resultados nos demuestran que no son más que una mentira institucionalizada.

El seguro de salud estatal sería una imposición para eliminar la posibilidad de elección, que nos priva de nuestra capacidad de decisión como personas y, sin duda alguna, perjudicará el desarrollo, la inversión y la innovación en salud. La propuesta señalada, envuelta en una especie de superioridad moral en nombre de la solidaridad, pretende una hegemonía populista de políticos e intelectuales que llama a la estatización y sometimiento a la voluntad burocrática de todos los bienes y recursos en salud, públicos y privados. Por este motivo nos oponemos a dicha reforma conociendo las graves consecuencias que tendrá no solo a nivel económico, sino en la salud de los más desfavorecidos, que son a quienes queremos defender.

Son muchas las publicaciones donde se ha demostrado la enorme brecha de productividad del sector público con el privado. En el sector salud las diferencias están a la vista. Creemos que es redundante insistir en los estudios donde se demuestra que la productividad de las clínicas privadas es un 70% superior a las estatales. En otros países, por ejemplo, hay suficiente información respecto de los logros de las concesiones hospitalarias integrales. En el nuestro, el difundido informe de la Comisión de Productividad señala que los pabellones quirúrgicos se utilizan la mitad del tiempo disponible. Nada de ello se puede atribuir a falta de presupuesto. Al contrario, el presupuesto público ha aumentado cinco veces en términos reales desde comienzos de este siglo. Si bien hace 20 años la diferencia del gasto per cápita entre los beneficiarios del sector público respecto del privado era de 1:3, hoy el gasto es igual en ambos sistemas.

El resultado indeseado es que se ha producido una importante estatización del gasto en salud, en el sentido de una participación creciente del Estado en ese sector. El drama es que no ha logrado mejorar la calidad de sus servicios, aumentar significativamente sus coberturas, disminuir sus listas de espera o bajar su endeudamiento hospitalario. Por cierto entendemos las diferencias de riesgo de las poblaciones atendidas en ambos sistemas, pero también vemos las diferencias de escala y la mayor intensidad, calidad y oportunidad de los servicios entregados por uno y otro sistema.

Si queremos un país moderno y que ofrezca servicios satisfactorios a sus ciudadanos, la reforma deberá orientarse a diferentes modelos de colaboración público-privada, tanto en el aseguramiento como en la entrega de prestaciones médicas. Se deberá fortalecer la capacidad de opción de las personas para que ellas —y no los políticos— escojan libremente su sistema de salud. Para ello, existen herramientas como los mecanismos de compensación de riesgos, que permitirían a los individuos ejercer su derecho a opción, sin limitaciones por condiciones de ingreso, edad, sexo o estado de salud. Junto con ello, es indispensable robustecer la gobernanza de la red estatal, creando entidades autónomas sujetas a accountability y flexibilidad de las normas del Código del Trabajo a su personal.

Solo mediante una vigorosa alianza entre el Estado y el sector privado avanzaremos en una senda de libertad, calidad, innovación y emprendimiento para garantizar un acceso digno a la salud a toda la población, lo que difícilmente lograríamos con la propuesta de monopolización estatal del gasto en salud.