Jorge Jaraquemada dice que el Consejo para la Transparencia (CPLT) no solo está involucrado en la lucha pública contra el coronavirus, sino que también en la batalla por proteger los datos de los chilenos en medio de la pandemia.

La institución ha seguido los debates que se han suscitado en esta emergencia. Y diagnostica que, por ejemplo, respecto al almacenamiento de los datos de las personas contagiadas con covid-19 -tanto por las autoridades sanitarias, como por otras autoridades que tratan dichos datos con el fin de efectuar un control de la población- no existe regulación ni protocolos claros acerca de las condiciones, plazos y mecanismos de seguridad.

Otro punto clave es lo que ocurre con el tratamiento de los datos personales a propósito de las restricciones de libertades individuales en período de estado de catástrofe.

Datos online
En tal caso analizan que la Comisaría Virtual entrega autorizaciones online para quienes deban salir de sus casas por una situación excepcional. 'No hay claridad respecto de qué ocurre con dichos datos, dónde y en qué condiciones son almacenados, y si estos son sometidos posteriormente a algún tipo de tratamiento', se señala.

Otro caso complejo es el de la obtención de la clave única que el Registro Civil implementó de manera remota. 'Sin embargo -plantea un documento del Consejo-, dicha aplicación presentó diversos problemas en términos de seguridad del tratamiento de datos personales que debía realizar, sin que se pudieran aplicar las fiscalizaciones y sanciones correspondientes'.

Asimismo, afirman, esta situación dejó en evidencia la falta de regulación sobre el tratamiento de datos biométricos, como el reconocimiento facial.

Lo mismo ocurre con otros formularios online que se han dispuesto para efectos de un mayor control de la población, con miras a la seguridad sanitaria de la población. 'Estamos hablando, por ejemplo, del pasaporte sanitario, documento que permite, junto con el control de la autoridad a cargo y la declaración jurada, el ingreso a determinadas regiones del país, o pasos fronterizos', dice un documento de trabajo de la institución.

'No hay constancia respecto de qué ocurre con dichos datos, dónde y en qué condiciones son almacenados, y si estos son sometidos posteriormente a algún tipo de tratamiento', continúa el texto.

Asimismo, el CPLT advierte sobre el uso de plataformas digitales para hacer videoconferencias que podrían significar un eventual mal uso posterior de los datos personales. (recuadro)

'Tenemos una regulación que no da el ancho para proteger a pacientes ni a personas que usan las plataformas digitales estatales', dice el presidente del CPLT.

Jaraquemada explica que la legislación que Chile tiene data de los años 90 y que no es capaz de hacerse cargo de la cantidad de trámites digitales que hoy son realizados por los ciudadanos.

A la par, señala que existe un proyecto que se está tramitando en el Congreso al respecto, pero que es necesario impulsar una ley corta que se haga cargo de las materias más urgentes.

'Hay ámbitos esenciales. Es necesario establecer una agencia que sea garante de los derechos y responsabilidades en el tratamiento de datos. Y un procedimiento sancionatorio que dé certezas tanto a los titulares de los datos como a quienes ejercen el tratamiento de estos', dice.

Es preciso también, dice el abogado, cerrar las brechas de seguridad para proteger la información de las personas.