No son pocas las crisis que ha debido enfrentar Joaquín Cortez en su larga trayectoria. Con pasos por la gerencia de inversiones de AFP Provida, directorios de empresas y fundador de Santander Investment, la actual situación que vive el país producto del coronavirus esta vez lo ubica en otro lado del mesón, en el sector público, como presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cargo que ocupa desde abril de 2018.

'A mi edad duermo tranquilo, ya he pasado muchas crisis como esta y no es la primera que me toca enfrentar en mi vida profesional', dice con templanza desde las exoficinas de la Superintendencia de Bancos, absorbidas por la CMF.

Reconocido como un 'hombre del mercado', Cortez afirma que a diferencia de las otras crisis que le tocó pilotear, ésta no se originó en el sistema financiero y por ahora, no se vislumbra una salida que no sea la vacuna que cure el Covid-19. Mientras ello ocurre, su máxima preocupación es mantener la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Y en paralelo, fiscalizar que los créditos con garantía estatal del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) sean entregados en las condiciones que establece la reciente ley y su Reglamento.

- ¿De qué manera la CMF va a monitorear y supervisar que los créditos de la línea Covid-19 del Fogape cumplan con lo establecido en el Reglamento en términos de destino de los créditos, tasas, etc.?

- El Reglamento emitido por el Ministerio de Hacienda establece una serie de prevenciones y mecanismos para la verificación del adecuado destino de los recursos y del cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de los créditos, por parte de las instituciones financieras que participen en este programa. En primera instancia, serán las propias entidades financieras las responsables de verificar que los requisitos para calificar al financiamiento del programa se cumplan.

A su vez, la CMF exigirá la información que permita la verificación de los aspectos regulados en el reglamento y deberán estar disponibles para la fiscalización de la Comisión en todo momento. La CMF también dispondrá de archivos especiales donde se reporten las condiciones financieras y principales características de estas operaciones para los efectos de su seguimiento y fiscalización en el ámbito que le compete.

Toda la información que vayamos recibiendo, una vez analizada, va a ir quedando en nuestra página web para que cualquier persona pueda verla y quiera profundizar su análisis. La información tiene que estar disponible para todos quienes hayan participado de este proceso. Esta es una ley y hay que responderle a los legisladores.

- ¿Se exponen a algún tipo de sanción aquellas empresas que incumplen lo establecido en el reglamento?

- El propio Reglamento del Fogape establece que el incumplimiento en relación con el adecuado uso de los recursos será causal de aceleración y de pago anticipado del respectivo financiamiento. Además, establece que la empresa que incumpla esta obligación no podrá acceder nuevamente a financiamientos caucionados con líneas de garantía Covid-19. Por su parte, el incumplimiento de las exigencias que imponga la CMF a las entidades financieras que participan en el programa y que deben sujetarse a las disposiciones establecidas por el Reglamento, quedarán expuestas a las eventuales sanciones que contempla la ley para estos casos.

- Sin embargo, para que esto parta efectivamente según la banca, siguen pendientes algunas normas de provisiones.

- Lo más importante es que están las garantías, está el trabajo del Ministerio de Hacienda, la liquidez del Banco Central. Es cierto, faltan unas instrucciones nuestras sobre cómo se van a tratar las provisiones y esperamos cerrar este mes todo eso.

- ¿Finalmente, a su juicio, cuál es el rol que debe tener la banca en esta crisis?

- Mantener a sus clientes viables y que continúen siéndolo.

Grandes empresas y dividendos

- Las grandes empresas, muchas de ellas bajo el perímetro de la CMF aún no reciben ayuda estatal. ¿Cuál es su posición?

- Hay diferentes realidades. Algunas van a pasar por procesos de reorganización, pero la preocupación debiera ser que, en las compañías que son viables y que tienen problemas de liquidez de corto plazo, no pierdan la viabilidad. Para estas compañías todavía falta pensar soluciones imaginativas.

Parte de esas soluciones pueden ser privadas, donde las hagan los mismos agentes financieros.

- Sí, pero en otros países se discute que el Estado intervenga en aquellas empresas estratégicas que están en problemas.

- En la primera etapa de esta crisis la preocupación estuvo en las personas y en las PYME. Ahora, también hay que darse cuenta que dentro de una gran empresa, éstas tienen empleados que son personas y tienen proveedores que son PYME. Entonces, no es inocuo dejar caer a una empresa estratégica grande que está afectada por esta crisis.

No me corresponde opinar como regulador, pero hay que evaluar costo y beneficio. Y es probable que los beneficios sean más importantes que los costos por todo el impacto que tiene sobre el resto de la economía.

- En medio de esta coyuntura se ha criticado que grandes empresas se sometan a la Ley de Protección del Empleo en circunstancias que algunas repartieron dividendos. ¿Se debe modificar la Ley de Sociedades Anónimas?

- En general, gran parte de las juntas de accionistas ya se efectuaron y estas decisiones de cuánto repartir en materia de dividendos ya se adoptaron y las compañías que quisieron ser más austeras estaban obligadas por ley a repartir el 30% de las utilidades.

La verdad es que nosotros no estamos analizando ningún cambio a la ley porque hemos tenido otras prioridades.