El jueves 14 de mayo se habían preparado para entregar 20 platos de tallarines con salsa boloñesa a vecinos del sector Los Cóndores de Chile, en la comuna de El Bosque, a la altura del paradero 32 de Gran Avenida, pero llegaron más de 70 personas a pedir un plato de comida. Este viernes, las raciones tenían que alcanzar para 310 vecinos.

En una casa transformada en sede social ubicada en el pasaje Las Pataguas de la comuna del sector sur de Santiago, Alejandra Sepúlveda y María Valderas lideran el comedor solidario que alimenta por estos días a vecinos de su comuna, pero que también ha atendido gente de San Bernardo, a quienes todos los días, a eso de las 12:30 horas, salen a repartir un plato en viandas de plumavit o plástico, mientras unas ocho personas se esmeran en cocinar el menú diario en grandes ollas, con jornadas que parten a las 8:30 horas y terminan a las 16:30 horas. El jueves fue arroz con croquetas de jurel, y el viernes tallarines con salsa.

"Aquí somos autosustentables, no le pedimos ayuda a los políticos, porque al final vienen a hacer campaña cuando entregan ayuda y en la muni hay que ser amigo del alcalde para tener una caja de alimentos. En cambio, aquí la carnicería nos ayuda, el negocio de la esquina da lo que puede, y la misma gente que todavía tiene comida nos viene a dar sus donaciones", cuenta Alejandra, quien hace dos años quedó cesante y empezó a trabajar como informal en una feria libre de la comuna, los llamados "coleros", que se ubican después de la fila de puestos a vender o revender productos. Su hijo, por el coronavirus, quedó cesante hace unas semanas. "Recibimos 65 lucas yo y 65 mil del bono de emergencia de mi hijo. Pero eso no alcanza para nada, tengo que pagar arriendo, cuentas, las cosas de la casa. Tuve que pedirle ayuda a mi papá, que es jubilado", cuenta angustiada. Y agrega: "todas las medidas que ha anunciado el Gobierno son insuficientes, no alcanzan para nada, no entregan dignidad".

María Valderas, que lleva 14 años vendiendo anteojos en ferias libres de la comuna, dice que han sido días difíciles, porque Meigg's está cerrado y no tiene dónde abastecerse para poder comprar lentes. "Aquí la pobreza que va a venir va a ser terrible, va a haber hambre, pero la gente sigue ayudando igual. Ayer (jueves) me llamó un abuelito que está postrado porque quería donar $5.000 para el comedor, pero no tenía cómo hacerlos llegar. Esa es la gente, ese es el pueblo", relata.

Por primera vez desde el retorno a la democracia la pobreza aumentará.

Según un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet en 2017, la pobreza acorta la vida casi tanto como el sedentariamo y mucho más que la obesidad, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. Y por estos días, con el covid-19 a cuestas, la discusión sobre el aumento de la pobreza y el hambre, así como un mayor nivel de contagio en las poblaciones más vulnerables que viven hacinadas, ha vuelto a ponerse en el tapete. El lunes, vecinos de El Bosque salieron a protestar, lo que se repitió durante la semana y en otras zonas de Santiago, mientras que un polémico aviso lumínico el lunes en la Torre Telefónica causó polémica por las seis letras que proyectó: Hambre.

Hasta ahora, solo la Cepal ha hecho proyecciones de cómo podría aumentar la pobreza en Chile, e indicó que la pobreza por ingresos pasaría del 9,8% a que habría llegado en 2019 a un rango de entre 11,9% y 13,7% este año. Y aunque seguiría siendo el segundo nivel más bajo de la región, tras Uruguay, para Chile representa algo inédito: por primera vez desde el retorno a la democracia la pobreza aumentará.

"Todo indica que vamos a ser bastante más pobres. Chile desde los 90 solo ha disminuido la pobreza por ingresos. Es una curva descendente, permanente, exitosa. Y la pobreza ahora se va a disparar, y va a subir a dígitos que nos llevan a décadas anteriores, tanto la pobreza medida por ingresos como la pobreza multidimensional", dice Catalina Littin, directora ejecutiva de la Fundación para la Superación de la Pobreza. De hecho, no hay cálculos para la pobreza multidimensional -que incluye cinco factores: educación, salud, vivienda, trabajo y cohesión social-, y que llegó a 20,7% en la última Encuesta Casen 2017.

Que la pobreza va a aumentar es algo en lo que concuerda el propio Gobierno. "Lamentablemente, esta pandemia ataca a todos los hogares y personas, pero algunos estaban en mejor pie que otros, y los más pobres ya se encontraban en una situación compleja, y nos preocupa mucho que eso se podría estar agudizando producto del covid, pudiendo producir aumentos en los niveles de pobreza", responde por escrito la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. En parte por eso, adelanta, la encuesta Casen este año seguirá su curso, a pesar del coronavirus. El levantamiento de información en terreno partirá el 31 de octubre, se prolongará por tres meses y en junio de 2021 debieran estar los primeros resultados.

Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo, recalca que hace una semana levantaron la alerta y dijeron que el hambre comenzaba a ser un problema grave en el país. "Yo creo que sí estaba monitoreado a través del Registro Social de Hogares, por los municipios, por las organizaciones de la sociedad civil, y sabíamos más o menos bien cuáles eran las familias que estaban en tal nivel de deterioro y pobreza extrema que requerían apoyo", apunta Egenau, pero hay un grupo que no se computaba y cuya situación es más dramática, dice.

"Esta definición de la pobreza oculta una capa bastante gruesa de las que denominamos familias vulnerables, a quienes por el monto de ingresos y número de miembros de la familia, pasan a estar por sobre la línea de la pobreza; por lo tanto, se invisibilizan. Si una familia de cinco personas tiene un ingreso superiora los $487 mil, ya no califica y está fuera del radar. Pero el covid y las consecuencias laborales hicieron que hasta ahora un número desconocido de familias cayeran violentamente bajo la línea de esta subsistencia, y empiezan a apremiar cuestiones tan básicas como los recursos para comprar comida", explica.

Cajas de alimentos, un paliativo, pero...
Al evaluar las medidas que ha tomado el Gobierno para los grupos más vulnerables, como el bono Covid y las cajas de alimentos que comenzaron a repartirse el viernes, Littin dice que han funcionado de manera muy burocrática. "Al final una situación tan inédita como la que estamos viviendo requiere soluciones y accesos a esas soluciones también inéditos. No podemos hacerlo con los mismos mecanismos que en situaciones de cierta normalidad y regularidad. Los municipios están a media máquina, por lo que la gente tampoco tiene dónde ir, y no es que tenga un computador e internet en sus casas para acceder a la información", apunta.

También ha surgido la crítica de que sería mejor inyectar recursos monetarios directos a las personas en vez de cajas de alimentos, por ejemplo. "Las ayudas alimentarias debieran ser con actores locales, y no solo pensar en la eficiencia del gasto, sino en cómo dinamizar las economías locales. No es lo mismo que en el Maule las cajas lleguen armadas desde Santiago, que armarlas directamente en Maule o que transfieran ese dinero a la gente y ellos mismos puedan comprar. Eso sí, las medidas del Gobierno dirigidas a entregar liquidez a las familias son acertadas, porque lo que las familias han perdido es su salario, su ingreso. Hay que aumentar ese ingreso de emergencia, para poder cubrir las necesidades de alimentación y ojalá más que eso", repara Littin.

Egenau plantea que la caja de alimentos anunciada por el Gobierno "es paliativa, pero absolutamente insuficiente como para ser una respuesta contundente con una perspectiva de logro de la autonomía de las familias que van a tener graves dificultades. No quiero decir que no se haga, sino que se tenga plena conciencia de que esas medidas no resuelven los problemas de fondo que las familias van a enfrentar en las semanas que están por venir".

Si hay alguien que trabaja precisamente en este tema y hace 10 años es Red de Alimentos, una fundación que recibe (y luego reparte) alimentos y artículos de primera necesidad de más de 150 empresas, fundaciones, gremios, familias, grupos empresariales, que por distintas razones no van a comercializar o tienen un error en el empaque, pero que no están en mal estado ni vencidos. Con el sistema atienden a 308 organizaciones sociales, que tienen a su vez 908 centros entre Tarapacá y Magallanes y que alimentan a 230 mil personas.

Según cuenta Carlos Ingham, fundador y presidente de Red de Alimentos, para enfrentar esta crisis tuvieron que arrendar una nueva bodega y otra grúa, debido a la alta demanda que están teniendo producto del coronavirus. Si normalmente estaban entregando 550 mil kilos de comida por mes, para los próximos 30 a 40 días serán casi 2,5 millones de kilos.

"Pero no es solo un tema de volumen, sino de la calidad del mix que entregamos. Hoy estamos buscando alimentos como pastas, arroz, legumbres, aceite, que llegan menos, porque tienen una vida útil más larga y las empresas no los donan", dice Ingham. Y agrega: "la crisis de hambre que se vendrá puede ser enorme. En la Casen 2017, se muestra que el 20% del país, 3 millones de personas, la gente más vulnerable de Chile, tiene un ingreso promedio por persona por día de $1.500, más algún subsidio estatal. Y cómo haces con eso para comer, vestirte, pagar la luz, movilizarte. Lo que está haciendo el covid-19 es que todo el mundo está hablando del hambre, pero es un tema que no es nuevo. Hay mucha gente que precovid pasaba hambre, desde muchísimos años. Y esa gente sigue en la misma o peor condición. Y hay que agregar a toda la gente que se quedó sin trabajo, que ahora también necesita recurrir a ollas comunes. Yo no sé dónde esto termina, porque cada día hay más desempleados", apunta.

Ingham coincide en que las cajas de alimentos del Gobierno y los bonos que se han entregado "son paliativos". "Si tenemos que aprender algo como sociedad, es que tenemos que dejar estructuras armadas que sistemáticamente provean alimentos y recursos a la población más vulnerable de Chile. No solo cuando haya terremotos o pandemias, porque cuando se acabe la cuarentena, toda esa gente va a necesitar seguir comiendo", advierte.

Una buena noticia es que en la última reforma tributaria consiguieron establecer que la donación de artículos de primera necesidad, el SII no lo considere como gasto rechazado, lo que obligaba a las empresas a destruir, por ejemplo, 7 millones de pañales al año. Además lograron agregar que cualquier producto apto para el uso o consumo humano que se destruya, será gasto rechazado.

Alejandra Candia destaca que como Ministerio ya han implementado iniciativas como el Bono Covid y el Ingreso Familiar de Emergencia, además del Ingreso Mínimo Garantizado, "todas transferencias directas al bolsillo de las personas", explica, y plantea que se requiere flexibilidad: "tenemos que ser flexibles para ir evaluando las medidas que sean necesarias para proteger a los más vulnerables a medida que avancen los meses y la crisis sanitaria cese, para pasar a una crisis con consecuencias socioeconómicas aún desconocidas tanto en duración como en profundidad".

Desarrollo Social no respondió por qué no están liderando como Ministerio la entrega de cajas de alimentos, cuya responsabilidad recayó en los ministerios de Interior y Defensa. Tampoco detallaron los nuevos programas que vendrán para disminuir los índices de pobreza. Sí indicaron que adelantaron para la segunda quincena de junio la entrega de $800 millones de la línea "Chile Compromiso de Todos", dirigido justamente a realizar transferencias a fundaciones y corporaciones y llegar a través de ellos a personas o grupos vulnerables con un sentido de mayor urgencia.

La desigualdad se vuelve a hacer patente en la pandemia
Con el coronavirus, además, volvió a estar en el debate la desigualdad. "Sabemos que los efectos sanitarios de la pandemia son transversales, pero no afectan de manera igual a todos. Por otras crisis y catástrofes sabemos que la distribución de los costos sigue la misma dinámica de la desigualdad social, siendo las poblaciones más pobres y vulnerables las que concentran y van a concentrar las consecuencias negativas de la pandemia, tanto en términos sanitarios como socioeconómicos", dice Paulo Egenau, del Hogar de Cristo.

"Ya en 2015 planteamos que las personas en situación de pobreza extrema deberían ser sujetos privilegiados de derecho, teniendo más derechos que el resto, precisamente por su posición de desventaja en distintos ámbitos", agrega Egenau, quien cuenta que con el Ministerio de Desarrollo Social instalaron las metodologías para ir en apoyo por vivienda de las poblaciones más vulnerables, rescatando toda la evidencia internacional. "Pero eso requiere la concurrencia no solo del Ministerio de Desarrollo Social", recalca.