Mucho se ha hablado del impuesto a los 'súper ricos', pero hay varios aspectos que vale la pena revisar.

Primero, hay un factor de discriminación en el proyecto que es, al menos, preocupante. ¿Qué pasa con los patrimonios controlados por extranjeros o chilenos, ya sean empresas o personas físicas, que no viven en Chile? Claramente hay una diferencia, ya que además se identifica a estos 'súper ricos' en un listado. Quedan no sólo a escrutinio público, sino además expuestos como (falsos) culpables de tener una riqueza que deberán forzosamente liquidar, en condiciones muy desfavorables.

Segundo, se buscan resquicios legales que sientan un pésimo precedente e implican una pérdida de tiempo. Como sabemos, el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva en materia de tributos y este proyecto legislativo persigue establecer este impuesto sin intervención presidencial. Esto considerando además el gasto de recursos, hoy escasos y fundamentales, para recuperarnos de esta crisis sin precedentes.

Tercero, se trata de un artículo expropiatorio. Un 2,5% del patrimonio podría exceder el 100% de las rentas. Si no hay liquidez, hay que vender activos castigados por la pandemia o endeudarse; o bien retirar de compañías y pagar impuestos al retiro o distribución. Todo esto en un plazo de 30 días.

Cuarto, la inconsistencia grave respecto de lo que se perdió con el estallido social desde octubre 2019. Esta ha afectado principalmente a los sectores de menores recursos, y el costo de la violencia fue aproximadamente de US$ 14 mil millones. Según la Cámara de la Construcción, el daño a la infraestructura y edificios no habitacionales suma cerca de US$ 4.579 millones, y unido a una menor producción en el cuarto trimestre de 2019 y lo que va corrido este 2020, alcanza US$ 9.071 millones (según Banco Central y Libertad y Desarrollo). Además, se cancelaron una serie de eventos, Enade, APEC, COP 25, la final de la Copa Libertadores, etc. Esta enorme cifra de pérdida es muy superior a los seis mil millones que los precursores de esta nueva moción tributaria esperan recaudar, invocando además motivos de índole ética.

Distingo especialmente que hay una parte importante de políticos y parlamentarios que impulsan este proyecto desde 'lo moral y lo justo', pero que en su momento no rechazaron con suficiente contundencia la violencia, saqueos de locales, inseguridad, pérdida de empleo, baja de productividad, etc.

¿Es ético, entonces, exigir dinero a los particulares por sus actividades económicas, cuando en nuestras ciudades no hay garantía de orden público ni cumplimiento de la ley, ni representantes enérgicos que entregan mensajes claros de defensa a la estabilidad y seguridad en todos los ámbitos?

Ya entramos en una recesión, que se proyecta larga y difícil en su recuperación. Sólo pedimos que los políticos y sus proyectos sean parte de la solución. Ahora es cuando.