—Bajo presión está trabajando el gobierno para ver qué hace con el proyecto de ley de servicios básicos, que se aprobó la semana pasada en el Congreso y que se busca postergar el pago de las cuentas de luz, agua y gas de red, además de entregar beneficios en telefonía para el 60% de la población más vulnerable.

Pocas horas después de su despacho para la promulgación, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), emitieron un comunicado en el que acusa que la iniciativa, eventualmente, podría contener infracciones a las normas constitucionales.

El asunto no era nuevo, pues en diversas instancias de la discusión de la iniciativa, el Ejecutivo planteó que podrían haber vicios constitucionales. Aún así, este siguió avanzando y se aprobó. Otro argumento que puso sobre la mesa el gobierno, era que las materias del proyecto ya se habían abordado en el acuerdo de fines de marzo entre el gobierno y empresas. Ese acuerdo se termina este miércoles, pues su vigencia inicial estaba ligada al Estado de Catástrofe, decreto que expira precisamente ese día.

Sin embargo, dado el conflicto que se generó por la posibilidad de que el gobierno lleve al Tribunal Constitucional (TC), decisión que se habría tomado esta tarde, desde el viernes se comenzó a trabajar en un nuevo acuerdo entre el gobierno y las empresas que, a diferencia del anterior, sería igual al proyecto de ley.

Diversas fuentes confirmaron que la mañana de este lunes cada ministro sectorial -Energía, Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones- se contactó con las respectivas empresas para presentarles la propuesta. Las mismas, agregaron que la mayor traba estaría en las eléctricas, quienes no estarían de acuerdo en el nuevo plan.

En el sector eléctrico, las empresas de distribución han presionado porque la menor recaudación resultante de este plan sea asumido por todos los segmentos de la industria (transmisión, generación y distribución) y no solo en ellas, como quedó plasmado en el proyecto de ley aprobado. La propuesta de las privados -explicaron diversas fuentes-fue rechazada por Jobet, por lo que aún no se ha resuelto el asunto.

En la jornada, además, hubo una reunión de la Segpres con los ministerios sectoriales para zanjar si ir al TC o no. Fuentes conocedoras, aseguraron que ya se tomó la decisión de ir.

El análisis está siendo rigurosamente estudiado, pues saben el costo político que significa llevar el proyecto al Tribunal. Por eso, están trabajando contra reloj, para anunciar exactamente los mismos beneficios, pero de carácter voluntario.

BENEFICIOS.

La iniciativa que estaría impulsando el gobierno va en la misma línea que el proyecto de ley aprobado. En concreto, a quienes se acojan al beneficio no se les puede cortar el agua, luz y gas por red, y cuando este se termine -90 días después- el cliente puede pagar el saldo en un máximo de 12 cuotas. En tanto, en telefonía, habría un plan solidario en el que se duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, se aumentará el espectro al 60% de la población más vulnerable.