Por Eduardo Valenzuela y Catalina Rufs, Instituto de Sociología UC
Uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que rara vez se considera como tal, es el de las familias numerosas, es decir, las que tienen tres o más hijos/as menores de edad, ya sean hijos en común, o parejas con hijos de cada uno. La disminución de este grupo en términos demográficos los ha vuelto casi invisibles para las políticas públicas, a pesar de las múltiples desventajas y riesgos que enfrentan en diversos dominios, que además se ven agudizados en una crisis como esta.
En el estudio “Familias numerosas, vulnerabilidad y riesgo: Propuestas para una política social compensatoria” publicado por el Centro de Políticas Públicas UC, exploramos las principales dificultades que viven estas familias. Desde luego, la central es la pobreza. Según datos de la Encuesta Casen (2017), las familias numerosas constituyen un 4% de los hogares a nivel nacional, pero representan el 13% de los que se encuentran en extrema pobreza y un 11% de aquellos en pobreza. Además, presentan menores chances de tener dos perceptores de ingreso y, por otra parte, tienen una menor probabilidad de generar ahorros que les permitan enfrentar períodos de crisis como el que actualmente atravesamos.
Las desventajas económicas no son las únicas a las que se enfrenta una familia numerosa. Los hijos/as de estas familias presentan en promedio menores niveles de logro educacional, posiblemente debido a lo que Blake (1981) acuña como “dilución de recursos”. Cuando se tienen que mantener a más personas en un hogar, no son solo los recursos monetarios los que se dividen entre sus integrantes, sino que también otros como el tiempo y la atención, los cuales naturalmente se van diluyendo en la medida en que el número aumenta. Adicionalmente, estas familias presentan índices de hacinamiento casi seis veces superiores al resto, dado que no siempre acceden a opciones habitacionales que provean una cantidad suficiente de espacio.
Casi todas estas desventajas se agudizan en tiempos de pandemia. Las cuarentenas que han tenido lugar en distintas zonas del país han relevado las desventajas educacionales que viven las familias numerosas, especialmente las de estratos más precarizados. Los recursos parentales para colaborar con la educación en casa de los hijos/as, tanto en términos materiales como de tiempo y dedicación, son mucho menores. Tener que apoyar la educación de uno, tres o cinco niños, necesariamente implica una distribución cada vez menor de atención para cada uno, además de requerir mayores capacidades de internet y recursos tecnológicos.
La pandemia actual deja en evidencia la falta de protección social que tiene la familia numerosa. El Bono de Emergencia Covid-19, por ejemplo, como muchas otras transferencias estatales, se entrega a aquellas familias que cumplen con determinadas condiciones entre las que no se encuentra el número, a diferencia del Ingreso Familiar de Emergencia recientemente concedido, que considera expresamente la cantidad de miembros que tienen las familias. Por otra parte, la política del seguro de cesantía a la que muchos trabajadores están teniendo que acceder hoy, no hace la diferencia según el número de cargas del trabajador. Así, su monto podría ser suficiente para una persona sin hijos, pero no para una familia numerosa. Esta falencia se exacerba si consideramos que estos hogares probablemente han tenido una menor capacidad histórica de ahorro y tienen una menor probabilidad de tener un segundo perceptor de ingresos.
En muchas partes del mundo, las políticas sociales reconocen significativamente las desventajas que enfrentan determinadas formas de constituir las familias, familias que se organizan en torno a una mujer sola, por ejemplo (en lo que hemos avanzado bastante), pero también aquellas que albergan niños en situación de orfandad o las que cobijan un miembro en situación de discapacidad. Las familias numerosas también deben incluirse entre aquellas que requieren una protección especial.