Señora Directora: Durante la emergencia sanitaria la seguridad privada ha demostrado la relevancia de su rol. Las empresas y sus trabajadores han cumplido importantes funciones, apoyando a establecimientos de salud y a empresas de diversos rubros consideradas infraestructura crítica. Pero las labores de nuestros trabajadores han ido más allá y sus responsabilidades han dado un giro hacia materias ligadas a otros ámbitos de la seguridad, más estrechamente relacionados con protocolos sanitarios. En ese contexto, han sido los encargados de supervisar y ejecutar el control de temperatura, el uso de mascarillas y/o la entrega de alcohol gel.

Este tipo de trabajos comenzaron orgánicamente a petición de los clientes de las empresas y, posteriormente, un oficio emanado por OS10 de Carabineros estableció que estas labores son parte de las atribuciones de los guardias de seguridad. Y así es como se ha normado históricamente al sector, a través de oficios o decretos que ponen parches y no solucionan los requerimientos de orden social.

La situación nos invita a reflexionar sobre el necesario rol de la seguridad privada, sus alcances y la importancia de un marco regulatorio claro. El proyecto de ley de seguridad privada ha estado por casi una década durmiendo en el Congreso y es hora de que entendamos que contar con una legislación adecuada brindará una mejor protección para los más de 140.000 mujeres y hombres que trabajan en seguridad privada, pero sobre todo a la sociedad a la que protegen.