Señor Director:

Me parece muy importante valorar la resolución del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP), en relación a la rebaja transitoria de las remuneraciones de parlamentarios y ministros (Ley 21.233). Quiero destacar especialmente el carácter estratégico de la resolución del CADP, ya que permite adelantarse a escenarios futuros que serán complejos. La constitución de la 'comisión especial' que realizará esta tarea en régimen requiere de la aprobación de una ley de rango constitucional que aún no comienza a tramitarse. Todo hace pensar que el precedente que instala el informe del CADP será más que transitorio.

El CADP entregó además una serie de recomendaciones de política pública destinadas a avanzar hacia una reforma a las remuneraciones en el Estado, la mayoría de las cuales están alineadas con las recomendaciones que hicieron integrantes del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. Estas permitirían eliminar algunas distorsiones, como por ejemplo, prescindir de la igualdad entre la dieta parlamentaria y la remuneración de los ministros de Estado, debiendo estos últimos percibir una remuneración superior a los primeros; separar las escalas remuneratorias aplicables a cargos de confianza política y de gerencia pública; establecer la dedicación exclusiva a la labor de parlamentarios; y revisar el sistema de asignaciones y asesorías parlamentarias, ordenándolo como un sistema de asesoría de confianza con mayor control externo.

Este último aspecto estaba fuera del mandado del CADP, pero es la base de la desconfianza e incomprensión ciudadana hacia el Parlamento. Estas propuestas son una serie de medidas que sin duda podrían incorporarse en el próximo proyecto de ley.