Frente a la aprobación en general en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, los empresarios de Chile unidos observamos con profunda preocupación cómo se está incubando una estocada a las pensiones de las trabajadoras y trabajadores chilenos, y de paso, a un pilar de la institucionalidad de larga data, como es el que consagra la iniciativa exclusiva en materias previsionales y de gasto por parte del Presidente de la República.

Los últimos días hemos escuchado voces expertas de distintos sectores políticos que reconocen que el retiro de fondos de pensiones es una mala política pública, que atenta contra la esencia de la seguridad social y que va justamente en el sentido contrario de aumentar las pensiones de las chilenas y chilenos, que ya son bajas. Lo que necesitamos, en cambio, es avanzar en los acuerdos ya logrados para mejorar las pensiones y en todas aquellas acciones inmediatas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias chilenas que hoy atraviesan momentos durísimos.

En el ámbito institucional, por su parte, son muchas las voces que advierten los nocivos efectos que el uso de resquicios constitucionales para hacer política social pueden tener sobre el Estado de Derecho, marco fundamental para la vida en sociedad.

Pero la política, por un lado, y la técnica y el marco institucional, por el otro, están en un proceso de preocupante desconexión. Y esto les ha impedido a muchos reconocer que hay otras propuestas muy superiores para ayudar a las familias de clase media con créditos blandos y subsidios, como las que se propuso algo tardíamente.

Es innegable, además, que la iniciativa golpea el ahorro nacional y el valor de los activos donde está invertido el fondo de pensiones, con el consecuente menoscabo sobre el valor de los fondos acumulados, y alzas en las tasas de interés locales, poniendo en riesgo la posibilidad que han tenido tantas familias chilenas de acceder, por ejemplo, a la casa propia con deuda de bajo interés. En otras palabras, las pensiones serán aún más bajas y a futuro será más difícil para las personas concretar proyectos de vida que requieren de un crédito.

En el mediano plazo, el retiro de fondos afectará también el empleo y la sanidad de las cuentas fiscales, por cuanto los empleadores tendrán que aumentar las cotizaciones justo en momentos en que se requiere incentivar nuevas contrataciones.

Por otra parte, el proyecto le endosa al Estado una nueva deuda, al hacerlo en parte responsable de compensar el retiro de estos fondos, y le exigirá aportar al Fondo Colectivo Solidario de Pensiones cuantiosos recursos para compensar el retiro de los fondos en el mediano plazo. ¿Es prudente destinar aquí estos recursos? Con una tasa de desempleo que puede llegar al 20% este mes y una caída del PIB estimada en 7% en 2020, las prioridades inmediatas debieran estar en la recuperación económica y en políticas sociales y proempleo. Además, aprobar a la rápida un Fondo Colectivo Solidario nos pone en el camino de la captura política de los fondos de pensiones, que han seguido otros países con graves consecuencias.

Aún hay tiempo para considerar los argumentos técnicos e institucionales que hacen tan inconveniente lo aprobado en general el miércoles pasado. La Cámara de Diputados en su votación en particular, y luego el Senado, tienen la oportunidad de enmendar este rumbo, de manera de no propinarle un golpe, probablemente irreversible, al sistema de protección social y a la estabilidad fiscal de largo plazo de nuestro país.

Pero lamentablemente, la idea del retiro de fondos no es algo aislado en el último tiempo. Han surgido otras iniciativas que también atentan contra la institucionalidad, pasando a llevar nuestra propia Constitución y las reglas del juego que como país nos hemos dado. Ello no solo no ayudará a la ciudadanía a salir de esta crisis, sino que además pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país.

Nuestra sociedad no se merece que este sea el comienzo del fin, ni que los errores de unos pocos dañen seriamente las posibilidades de progreso de las familias chilenas. La sociedad entera se merece y reclama una mejor política. Aún es tiempo de rectificar el camino antes de que sea tarde.

Todos debemos esforzarnos más por privilegiar el bien común, por dejar de lado los atajos populistas y las ventajas de corto plazo; por dialogar con honestidad para construir acuerdos duraderos; por poner por encima de todo y con transparencia el beneficio de la gran mayoría de las chilenas y chilenos que hoy más que nunca requieren apoyo en materia de empleo, salud, vivienda, educación y, por supuesto, medidas que de verdad mejoren sus pensiones futuras.