Eclipsado primero por el estallido social y luego por la pandemia del coronavirus, el proceso de descentralización del país vivirá en abril del próximo año un hito: la primera elección de gobernadores regionales.

Esta nueva autoridad, que reemplazará en varias atribuciones a los actuales intendentes, se transformará en el contrapeso natural de las decisiones que tome el gobierno central en Santiago y su alcance territorial - equivalente a un senador-le otorgará un caudal de votos capaz de golpear con fuerza las puertas de La Moneda. Sin embargo, un grupo de expertos del Centro de Estudios Públicos (CEP) y del Centro UC de Políticas Públicas, advierte que la elección de gobernadores requiere de una nueva forma de enfrentar la captación y distribución de los tributos, para equilibrar la abismante diferencia que existe entre la Región Metropolitana y el resto del país.

En el libro "Más allá de Santiago, descentralización fiscal en Chile", los especialistas plantean que resulta urgente contar con una Ley de Rentas Regionales, proyecto prometido para marzo pasado, pero sepultado por las urgencias del covid-19. La publicación tiene un capítulo sobre Valparaíso, emito por el profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Patricio Aroca, quien afirma que el excesivo centralismo de Chile no solo se plasma en una posición baja del ránking OCDE sobre distribución de la riqueza, sino que "afecta la eficiencia del mercado y también la equidad de la distribución de los bienes y servicios producidos en el país".

En opinión de Aroca, Valparaíso es una de las regiones que ha sufrido las consecuencias negativas del proceso de concentración demográfica ocurrido en el país durante las recientes décadas, perdiendo, en favor de Santiago, población y negocios. "Expresados en dólares, el presupuesto de la Región de Valparaíso está en alrededor de USD$ 115 millones, mientras que el presupuesto de la nación sobrepasa los USD$ 60 mil millones; es decir, menos del 0,2 por ciento de decisión regional para un poco más del 10 por ciento de la población del país", ejemplifica el académico de la UAI.

La asignación de presupuestos pequeños a los Gobierno Regionales, afirma Aroca, impide a estos organismos el financiamiento de grandes obras estratégicas y en cambio promueve la atomización de los recursos en proyectos de inversión pequeños, elegidos con criterio "de regadera", es decir, a todos les llega algo, pero es tan poco que no alcanza para resolver problemas estructurales.

El cambio desde un diseño presupuestado sectorial -donde los ministerios se llevan gran parte de la torta-, hacia uno territorial, ayudaría a reducir la inmensa concentración en tomo la Región Metropolitana y beneficiaría a las domas regiones.

DESAFÍO AL GOBERNADOR

"Un buen diseño político requiere mayor asignación de recursos y mayor control", anticipa el académico de la UAl, quien repasó una extensa bibliografía para elaborar el capítulo acerca de la Región de Valparaíso. Sobre la figura del gobernador regional expone que "en el futuro, debemos ponernos de acuerdo como sociedad regional sobre cuales son los proyectos claves para que la región pueda avanzar hacia el desarrollo y poner esto como desafíos para los políticos que están postulándose por dirigimos".

Más allá de las limitadas atribuciones que tiene el cargo, explica Aroca, el gobernador regional tendrá la capacidad política de transformarse en un actor relevante a nivel nacional, en la medida que sea exitoso en sugestión. "Las posibilidades de éxito estarán dadas por la capacidad de movilizara la sociedad civil, universidades, empresarios, trabajadores en torno a proyectos importantes para la Región. Si no lo hace, entonces, no será diferente a lo que puede hacer actualmente un intendente, que está completamente condicionado por el poder central".

AMENAZAS AL PROCESO

Patricio Aroca es categórico al exponer que "definitivamente, la pandemia y el potencial estallido social después de ella son una amenaza para el proceso descentralizador", aunque afirma que existen grupos y organizaciones que ya se están preparando para lo que viene.

En ese sentido, destaca la fuerza que ha adquirido la idea de que el país requiere de cambios estructurales para caminar seriamente hacia el desarrollo. "Debemos convencer a las comunidades que el proceso de descentralización es uno de esos ajustes estructurales importantes a realizar", postula el académico de la Escuela de Negocios UAI.

LICENCIA SOCIAL

Una herramienta de esta nueva estructura regional es la noción de "licencia social" para aquellos proyectos que tengan externalidades negativas para las comunidades que los albergan. "Empresas que contaminan, o congestionan parte de la ciudad, o invaden espacios que la comunidad aprecia, no pagan o no se hacen responsable del malestar que generan, esto debe cambiar", apunta Aroca.

Allí entra a jugar el concepto de "licencia social", que según el académico en algunos países desarrollados es más importante que las autorizaciones formales ante municipios o el Gobierno.

CORRUPCIÓN REGIONAL

"En general, en muchas experiencias de descentralización se comprueba incrementos en corrupción e ineficiencia", reconoce el especialista, quien explica que estos niveles suelen ser mucho menores en aquellas zonas donde la comunidad está bien organizada y no hay caudillismos políticos . "En este sentido, que no haya corrupción y que los recursos se usen eficientemente depende fuertemente de la organización de la sociedad civil, de la independencia de los medios de comunicación y del actuar de la oposición de los gobiernos de turno. Valparaíso tiene estos elementos y mayor independencia podría generar un verdadero impulso hacia su desarrollo", zanja el. académico.