El ministro del Interior, Víctor Pérez, volvió a abordar ayer las gestiones que realiza desde hace semanas el Gobierno, a través del subsecretario Sebastián Valenzuela (Justicia) y Gendarmería, para buscar que los presos mapuches condenados o en prisión preventiva que están realizando una huelga de hambre desde hace más de 90 días —entre los que se encuentran reos de la cárcel de Angol, y Celestino Córdova, condenado por incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger MacKay— depongan la medida de presión por su libertad.

El trabajo del Ejecutivo se intensificó en los últimos días y aumentó el rol también del ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras la escalada de tensión en la zona, antes de la cual Gendarmería ya había emitido una resolución para adaptar el reglamento penitenciario al Convenio 169 sobre Pueblos Originarios, en la que se instruyó, por ejemplo, que la no asistencia de un preso mapuche a la escuela no implique una evaluación negativa de la conducta —lo que podía impedir su postulación a libertades condicionales o permisos—, al igual que las huelgas de hambre pacíficas.

Así, Pérez reiteró, en una actividad en La Florida, el llamado a rechazar la violencia. Y al ser consultado por las tratativas de Justicia con los presos mapuches, contestó: 'El Gobierno está dispuesto a tener todos los diálogos posibles, pero sin la violencia y sin que tengamos que alterar resoluciones de los tribunales (...) Las personas privadas de libertad no son por decisiones del Gobierno, son por decisiones de los tribunales. Eso nosotros no podemos modificarlo'.

Y más tarde, el ministro participó en una sesión del Senado (ver nota relacionada), donde enfatizó que el Ejecutivo va 'a proteger la vida de esas personas (en huelga), a pesar de todos los obstáculos que se nos quiera poner, porque no creemos que a través de una huelga de hambre sea posible alterar una resolución de los tribunales (...) Aquí algunos plantean que hay que conversar con todos. El único límite es que no sea un condenado por delitos graves. Nadie puede exigirle al Gobierno que converse temas políticos con condenados'.

Valenzuela, en tanto, recalcó en Mega que el petitorio de 'liberación de todos los presos mapuches (...) es imposible dentro de nuestras competencias', por lo cual se han enfocado en 'entender en dónde podemos llegar a acuerdos'.

Las misivas de Larraín

Las tratativas entre Justicia y los presos se intensificaron el martes, cuando Valenzuela se reunió con los tres voceros del grupo de Angol —Rodrigo Curipán, Víctor Queipul y Daniel Melinao—, cita en la cual los invitó a participar el viernes (hoy) de los diálogos interculturales que organizaba el ministro Larraín, para debatir sobre el Convenio 169. La convocatoria la formalizó luego Larraín el miércoles, en una carta para 'reiterar la invitación a dialogar el viernes a las 11 horas (...) esperando su favorable acogida' para concretar la 'instancia de diálogo que reviste el mayor interés para mí'.

Pero en la mañana de ese día, Curipán había rechazado, ante una comisión del Senado, los términos ofrecidos, aduciendo que Valenzuela buscaba 'imponer un diálogo, a través de una fórmula previamente diseñada' como los encuentros interculturales, y que ellos esperaban una cita con el ministro para abrir un diálogo sobre la aplicación del Convenio 169. Según indican en el Gobierno, los voceros transmitieron la misma negativa por escrito, ante lo cual Larraín les envió ayer una segunda carta.

'En referencia a la respuesta que nos hicieron llegar, queremos aclarar que, tal cual lo dice la invitación, queremos escucharlos para ‘avanzar hacia puntos de encuentro y solución relativos a la huelga de hambre', en referencia a quienes ustedes representan. Esta reunión es sin perjuicio de los diálogos interculturales', respondió Larraín, reiterando la convocatoria, y explicando que es 'de suma importancia conocer el petitorio que manifestaron tener'.

La última frase apunta a que los voceros señalaron al subsecretario que poseen una propuesta sobre el Convenio 169, pero habrían expresado —según presentes en la cita— que solo se la darían a conocer directamente al ministro. De hecho, ayer Valenzuela señaló: 'Lo primero que queremos es conversar y conocer esa propuesta. Uno no puede simplemente partir con condiciones mínimas si no es posible conocer primero una propuesta'. Y más tarde agregó que la invitación es 'directamente a ellos a una reunión con el ministro, para abrir diálogo', y que también se convocó para primera hora de hoy a los representantes de Córdova, quienes habrían confirmado su participación, según dicen en el Ejecutivo, donde mantenían, de cara a las tratativas, la línea de que los diálogos podían orientarse a condiciones intrapenitenciarias del cumplimiento de la pena —con cambios administrativos que eliminen impedimentos para postular a libertades condicionales—, pero no a una modificación de las penas.