Huelga de hambre de 27 mapuches

La demanda por la libertad de los presos mapuches que están cumpliendo condenas, o que están encarcelados mientras son investigados por hechos de violencia rural o por delitos comunes, se transformó en la principal justificación de marchas, manifestaciones y atentados cometidos en la macrozona sur del país. En panfletos, lienzos o rayados, la alusión a lo que estos grupos denominan 'presos políticos mapuches' ha sido una constante.

Sin embargo, con las primeras huelgas de hambre de los presos mapuches, en mayo, el Gobierno tuvo que comenzar a monitorear la salud de ellos, a través de Gendarmería, y luego dar paso a reuniones de funcionarios del Ministerio de Justicia con representantes de los reclusos, para escuchar sus demandas y solicitarles que depusieran estas acciones de fuerza para seguir dialogando. A la fecha, 27 mapuches realizan esta protesta. Entre ellos, Celestino Córdova, internado desde el 15 de julio en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. El machi anunció que si el Gobierno no acepta sus demandas, hoy dejaría de ingerir líquidos e iniciará una huelga seca (ver nota secundaria).



Cortes de ruta y fallo judicial

Así como los 46 atentados incendiarios contra faenas forestales ocurridos hasta el 14 de agosto de este año significaron que las empresas contratistas alcanzaran en esta fecha el mismo registro de violencia que tuvieron durante todo 2016 —hasta ahora, el período con mayor destrucción—, a nivel individual la firma Serfomec Limitada completó seis ataques en los últimos 20 meses y pérdidas por sobre los US$ 2 millones. En este contexto, los trabajadores de esa empresa cortaron la Ruta 5 Sur, a la altura del viaducto del Malleco, en Collipulli, durante las jornadas del 6 y 7 de julio, en protesta por la 'falta de seguridad' en el sur del país.

El 30 de ese mes, la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por la Asociación de Contratistas Forestales contra las autoridades de La Araucanía 'por incumplimiento y omisiones al brindar orden, seguridad y tranquilidad pública'. El fallo ordenó hacer un catastro con las faenas de la zona, para identificar las que presentan mayor riesgo de ataques y disponer medidas preventivas. Además, dictaminó la creación de una mesa de trabajo entre representantes del Gobierno, empresas forestales y contratistas.



Amenaza de paro y ley Juan Barrios

Si bien un ataque incendiario contra dos camiones, ocurrido en diciembre de 1997 en Lumaco, al norte de La Araucanía, marcó el inicio de la violencia rural en el sur del país, este año los transportistas de carga sufrieron su mayor tragedia. En ese gremio reconocen que pese a los más de 500 vehículos quemados en las rutas o en los estacionamientos durante casi 23 años, nada los había golpeado tanto como la muerte de Juan Barrios. El conductor fue sorprendido por un atentado con fuego, mientras dormía en su vehículo, a la espera de entregar una carga de trigo en Victoria. Aunque pudo escapar, luego de 25 días de agonía falleció. Junto a su primera víctima fatal, el 13 de junio se reactivaron los atentados en la ruta 5 Sur, luego de tres años sin acciones directas en la carretera.

A la sucesión de episodios similares durante junio y julio, se sumó el atentado contra una empresa de áridos, en el que fueron destruidos 18 camiones, maquinarias e instalaciones, a 10 kilómetros de Temuco.

Dos días después, conductores de camiones realizaron un paro de dos horas en el sector del peaje Las Maicas, en Mulchén, en protesta por la inseguridad que afecta a su gremio. A partir del lunes 10, el ministro del Interior, Víctor Pérez, inició reuniones con los gremios de transportistas. Estos, a modo de ultimátum, expresaron que si no cesa la violencia, sus asociados 'seguramente van a determinar un paro nacional'. Tres días después, el Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso el proyecto de Ley Juan Barrios, que aumenta penas por ataques a camiones y los considera casa-habitación, y anunció una pensión de gracia para su viuda.



Infraestructura crítica y municipios

Ataques armados contra dos trenes de carga, en el sector de Pidima, en Ercilla, que provocaron sus descarrilamientos; un atentado incendiario contra un radar secundario del aeropuerto de La Araucanía, que estaba instalado en un cerro de la comuna de Carahue, y la detonación de antenas de telecomunicaciones en la provincia de Arauco, al sur del Biobío, convirtieron a la infraestructura crítica en un nuevo blanco de atentados en la macrozona sur del país. Junto al daño a esas instalaciones también se sumaron acciones focalizadas en edificios municipales y en oficinas del Registro Civil, los que fueron tomados como parte de las manifestaciones para exigir la libertad de presos mapuches que cumplen condenas o están en prisión preventiva como imputados por delitos en los que se les investiga.

Dispar suerte tuvieron los inmuebles consistoriales ocupados. Mientras los de Traiguén y Ercilla resultaron quemados; los de Curacautín y Victoria sufrieron daños debido a enfrentamientos entre los ocupantes y vecinos de la zona. Mientras los de Lonquimay y Galvarino fueron desocupados en forma pacífica, el de Tirúa fue desalojado por Carabineros, lo que derivó en incidentes y en la detención de tres personas.



Tomas, éxodo, ayuno y baja inversión

Ante el resurgimiento de las ocupaciones ilegales de predios al norte de La Araucanía, simbolizada por la que en julio lideró en Collipulli Víctor Ancalaf —exdirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien con esa acción puso fin a los diálogos con el Gobierno a los que se había sumado en 2018—, en el gremio agrícola de La Araucanía hubo señales de inquietud y se supo del éxodo de algunos de sus asociados hacia otras regiones, dada la inseguridad de seguir desarrollando sus proyectos en medio de acciones de amedrentamiento, cobros de peajes para sacar sus productos y amenazas de quemas. Entre otros casos, esto le ocurrió al agricultor Gregorio Correa. Luego de 36 años arrendando y cultivando el fundo El Rosario, en el sector de Selva Oscura, en Victoria, optó por irse e instalarse en el Maule.

Desde el 27 de julio, también en Victoria, Roxana Carrut, administradora del predio Santa Adela Sur, inició una huelga de hambre en protesta por los ataques y amenazas que sufre desde hace dos años y en representación 'de todas las víctimas del terrorismo'.

Asimismo, gremios agrícolas y viñateros de Temuco y Malleco hicieron público que la violencia paralizó las inversiones privadas del sector en la zona.