Esta semana, G.A. (16) volvió a entrar a pabellón. A ocho meses de haber sido alcanzada por un elemento contundente en medio de las protestas en Plaza Baquedano -que la justicia investiga si corresponde a una bomba lacrimógena arrojada por Carabineros-, la menor fue sometida a una nueva cirugía, esta vez para reconstruirle el cráneo.

Desde el 10 de diciembre -cuando cayó herida en medio de las protestas-, G.A. ha pasado de estar hospitalizada en la Posta Central a la Clínica Indisa y ahora al Hospital San Borja Arriarán.

En paralelo, en este mismo plazo, la fiscal de Alta Complejidad de la RM Norte, Ximena Chong, investiga las circunstancias de sus lesiones. Hasta ahora, no hay formalizados. "La fiscal Chong ha pedido varias diligencias, una orden amplia, informes fotográficos, planimétricos, se ha tomado declaración a testigos. Hay un sumario interno, pero ninguno de ellos arroja resultados y tampoco hay formalizados", dice la abogada de la familia de la menor, Alejandra Arriaza.

Además de G.A., la profesional representa a 25 lesionados en contexto de protesta, entre ellos a Héctor Gana Sandoval, un obrero que también estuvo en coma tras resultar herido en la misma manifestación en que estuvo la menor. Ni esas causas, ni otras emblemáticas, como las de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, presentan avances judiciales.

La ralentización de las causas judiciales del estallido social ha sido largamente analizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se ha hecho parte en 2.164 querellas.

Según un informe interno entregado el 30 de mayo a los consejeros, elaborado por el departamento jurídico de la misma institución en base a información proporcionada por el Ministerio Público, solo hay formalizados en un 0,9% de las querellas presentadas por el organismo. Es decir, de las 2.164 querellas presentadas en todo Chile, hasta el 30 de mayo había 21 formalizados.

El informe da cuenta de un bajo número de diligencias. De las 2.164 causas, solo se ha tomado declaración a 764 víctimas, lo que corresponde al 35,4% de los casos.

Seiscientas 43 de las querellas presentadas por el INDH son de la RM. Según los datos, solo hay 14 formalizados en esos casos y hasta la fecha del informe se habían tomado 64 declaraciones. En otras regiones, en tanto, hay cero formalizados.

La pandemia por el Covid-19 vino a profundizar los problemas para avanzar judicialmente con causas surgidas desde el estallido social. Pero no es la única razón.

El INDH en su informe interno apunta a cuatro causales básicas: dificultades probatorias en casos de violencia institucional, como disparos en manifestaciones y denuncias de desnudamientos en comisarías; "deficiencias en la PDI y en el Servicio Médico Legal"; "rol de jueces y juezas ante causas de derechos humanos; posibles estigmas respecto de las víctimas" y "debilidades en el deber de investigar y sancionar en casos de graves afectaciones a los DD.HH".

La falta de presencia en regiones de la Brigada de DD.HH. de la PDI es vista como un factor que perjudica los procesos, no obstante que el personal que tienen para esa labor está bien calificado. Se suma a eso la carga de trabajo de los fiscales y el cuello de botella que hay permanentemente en el Servicio Médico Legal. A lo anterior -asegura un funcionario del INDH- se agrega la falta de colaboración de las instituciones.