Más de la mitad de los recursos que autoriza el Fondo Covid de US$ 12 mil millones para financiar medidas para enfrentar la pandemia, ya estarían comprometidos.

Ese es el análisis que se desprende de un documento enviado esta semana a la comisión de Hacienda del Senado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que incluyó un balance aproximado de lo hasta ahora gastado y de la situación fiscal del país.

El Fondo Covid es una estructura legal que se pactó en el acuerdo político del pasado 14 de junio, para costear ayudas a las familias afectadas por la crisis y cubrir los incentivos tributarios para la reactivación de la economía.

El diseño de ese fondo quedó plasmado en un proyecto de ley que presentó el Gobierno, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados con algunas limitaciones que restarían flexibilidad a su funcionamiento y que hoy está siendo revisado por la comisión de Hacienda del Senado. En esa instancia, los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) han solicitado al Ejecutivo y al CFA el detalle de las políticas económicas en ejecución que tendrían que ser imputadas al stock total de recursos financieros del fondo, a pesar de que todavía no es ley.

Nomenclatura de datos
El informe del Consejo Fiscal Autónomo muestra las medidas adoptadas, cuyo estado es 'ejecutada' o 'en funcionamiento' (según la clasificación reportada por el Ministerio de Hacienda), y las desagrega en categorías excluyentes, de acuerdo a su impacto fiscal: medidas que tienen impacto vía mayores gastos; medidas que tienen efecto vía menores ingresos; medidas que no tienen impacto sobre el balance presupuestario (bajo la línea), y medidas sin impacto fiscal (ver gráfico).

También se contabilizaron las medidas fiscales 'en diseño', 'en el Congreso' o 'en tramitación' desde el inicio de la crisis, según su efecto fiscal.

Se agruparon las medidas adoptadas con fecha posterior al Acuerdo Covid (14 de junio). De acuerdo al artículo transitorio del proyecto de ley que crea el también denominado Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, solo se contabilizarán con cargo a dicha figura las leyes o medidas administrativas que hubieren entrado en vigencia o surtido efecto entre el 10 de junio de 2020 y la fecha de publicación de la ley.

El CFA precisa que la información sobre los desembolsos corresponde a la publicada por el Ministerio de Hacienda al 31 de julio (en el caso de los recursos potenciales movilizados) y la Dirección de Presupuestos al 30 de julio de 2020 (en el caso de la ejecución efectiva).

Imputaciones Covid
A nivel desagregado, entre las políticas que irrogan más gasto fiscal destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2.0, con US$ 1.537 millones; el bono clase media, con US$ 1.007 millones, y el préstamo solidario clase media, con US$ 973 millones.

En cuanto a los menores ingresos, el mayor costo lo tiene la depreciación y amortización 100% instantánea hasta diciembre de 2022 (US$ 1.988 millones) y la rebaja del Impuesto de Primera Categoría del Régimen Pro Pyme para los años 2020, 2021 y 2022 (US$ 679 millones).

En transferencias bajo la línea, solo se contabiliza la Ley de Protección para padres, madres y cuidadores de niños en edad preescolar, que implica recursos por US$ 32 millones.

La suma de todas las medidas detalladas por el Consejo Fiscal Autónomo cuantifica un monto potencial de gasto de US$ 6.799 millones, que tendría que ser descontado del saldo de los US$ 12 mil millones del Fondo Covid.

Ya que la información considera datos hasta el 31 de julio, en el análisis del CFA no se consideran los US$ 4.500 de inversión pública adicional por los próximos 24 meses que anunció el fin de semana el Gobierno ni los US$ 2.000 millones que se destinarán a los subsidios a la contratación, que aún no se materializan.