Cuando la pandemia obligó a suspender las clases presenciales, nadie tuvo tiempo para detenerse a pensar qué hacer. Había que actuar y, de un momento a otro, universidades, IP y CFT tuvieron que resolver esto. Pero ¿qué tan bien lo hicieron?

La Superintendencia de Educación Superior inició a fines de abril un proceso de fiscalización a los planteles para verificar si al trasladarse a las plataformas virtuales estaban entregando un servicio razonablemente equivalente al habitual. Para esto, se solicitó a 45 instituciones -que concentran 53,5% de la matrícula- información sobre su gestión curricular, docencia y acompañamiento estudiantil.

Para evaluar a cada casa de estudios se fijaron rangos de logro: sobre el 80% aprobarían, mientras que entre el 80% y el 50% tendrían que tomar medidas. Bajo el 50% arriesgarían multas de hasta 10 mil UTM ($502 millones).

El resultado muestra que el sistema, en su mayoría, se adaptó: 35 de las instituciones fiscalizadas lograron superar el umbral mínimo de cumplimiento. Si bien un 22,2% estuvo bajo el 80% -con tres CFT y dos IP quedando expuestos a sanciones-, se trata de planteles de menor tamaño que concentran a solo 1,3% de la matrícula que está en los recintos analizados.

'La gran mayoría (…) fue capaz de implementar medidas suficientes en los ámbitos de gestión académica y administrativa, de manera tal de enfrentar el desafío de la migración transitoria desde la modalidad de clases presenciales', destaca el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés. Cinco instituciones que aprobaron con recomendaciones, añade, tendrán que mejorar: 'Serán ellas, en virtud de su autonomía, las que tendrán que definirlas. El plazo para implementar estas medidas e informar a la superintendencia es de 15 días hábiles'.

El desempeño
En ciertas dimensiones, como el establecer canales de comunicación con la comunidad y capacitar a los docentes, las instituciones tuvieron un alto desempeño. En contraste, entre los puntos en que el logro fue menor se encuentra la evaluación de la satisfacción de la comunidad educativa, el levantamiento de diagnósticos sobre conectividad y la implementación de medidas de apoyo en áreas como el ámbito psicológico o emocional.

La U. San Sebastián fue una de las que destacó en el proceso. Su rector, Carlos Williamson, detalla que lograron un 100% en todas las dimensiones. 'Hubo algunos comentarios menores de aspectos formales, pero en lo sustantivo se comprobó que hemos actuado con responsabilidad', resalta. A su juicio, sería conveniente que se fiscalice a todos los planteles: 'Son muchos los cambios que están ocurriendo y es valioso que todas las instituciones rindan cuenta'.

Entre los IP, Esucomex fue uno de los que tuvo un mejor rendimiento. Con todo, el rector Giovanni Pinedo confirma que trabajarán para implementar las acotaciones que recibieron. 'Son de carácter general, relativo a métricas de las plataformas y, por otro lado, apoyar a los alumnos más necesitados', dice el también consejero de Vertebral.

Otros planteles que aprobaron también valoran la experiencia. Santiago González, rector de la U. Central, afirma que fue un proceso exhaustivo: 'Entregamos más de 80 documentos (…), todo lo que la universidad señalara que estaba haciendo, debía ser respaldado'.

'Es una muy buena base para seguir avanzando', señala. Álvaro Ramis, su par de la U. Academia de Humanismo Cristiano, que también aprobó, afirma que enfrentar el traspaso a la virtualidad fue desafiante. 'Tuvimos que construir un nuevo campus virtual de la nada, porque el que había era insuficiente, y se hizo en tiempo récord', ejemplifica. Asegura que miran al segundo semestre con lecciones aprendidas: 'La enseñanza en estas condiciones requiere planificación, anticipación en las decisiones y capacidad de prever escenarios'.