Sin la certeza de que una vacuna eficaz contra el coronavirus esté en Chile antes de 2021 y con la seguridad de que el patógeno es capaz de generar rebrotes, el Ministerio de Salud (Minsal) ya está proyectando cómo será la realidad sanitaria del próximo año a nivel de infraestructura y recursos.

Así, con la red asistencial integrada Covid-19 ampliada aun al 150% de su capacidad original -de 989 camas UCI en marzo, a las casi 2.500 actuales-, el peak de expansión de los recintos de salud se registró entre el 10 y 14 de julio, según la Sochimi. Para esa fecha, clínicas y hospitales llegaron a administrar 2.848 cupos críticos de internación. De esos, 1.663 correspondían a la red pública (ver infografía).

Con esa información a la vista, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalla que han definido elevar el número base de camas UCI disponibles en los hospitales públicos para el próximo año, casi duplicando los cupos basales que existían hasta antes de la pandemia. Es decir, si en marzo la red pública de salud contaba con 640 camas críticas a lo largo del país, para 2021 crecerá en 600 cupos adicionales, lo que aumentará la capacidad en un 94%, para disponer en forma estable de 1.240 unidades de alta complejidad, pensadas para absorber la demanda asociada al Covid-19.

Si el presupuesto de la cartera este año fue de 9,5 billones de pesos -con casi $ 870 mil millones extras a propósito de la pandemia-, los montos para 2021 deberían crecer aún más. Por ello, el ministerio ya elabora una propuesta en el marco de la discusión presupuestaria que se iniciará en las próximas semanas. "Esto lo vamos a conversar en septiembre con Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres)", indicó el ministro de Salud, Enrique Paris.

Sobre ese mismo ítem, Zúñiga explica que existe un ahorro significativo dado por los más de 1.600 ventiladores mecánicos adquiridos durante este año, pero sugiere que "detrás de cada cama UCI hay un equipo humano y eso tiene un costo: por cada seis camas necesitamos tres técnicos, dos enfermeras, un kinesiólogo y un médico intensivista. Ese es el aumento de cargos que se solicitará para estas 600 camas".

El subsecretario, además, destaca que la expansión elevará la cantidad de camas críticas por usuarios del sistema público, "quedaríamos en un estándar de 12 o 13 camas UCI por 100 mil usuarios", calcula.

El decano de la Facultad de Medicina de la U. Finis Terrae, el intensivista Alberto Dougnac, comenta que "esto viene a subsanar un déficit que venía arrastrándose desde antes. No solo viene a resolver el aumento de la demanda por Covid-19, sino que también puede satisfacer una mayor capacidad para realizar cirugías que requieren recuperación en UCI".

En tanto, el salubrista Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, estima que es un buen número de aumento, mientras se asegure el presupuesto suficiente, además de una "distribución territorial de acuerdo a criterios sanitarios".

Red privada

En la actual situación, y con una demanda asistencial por coronavirus a la baja, las clínicas privadas ya han comenzado a desmantelar algunas de las unidades críticas reconvertidas con la autorización del servicio de salud correspondiente.

Sin embargo, mientras se mantenga la alerta sanitaria, y por disposición del Minsal, los prestadores privados tienen la obligación de ampliar sus cupos en un plazo máximo de cuatro a cinco días en caso de que la emergencia lo amerite.

Al respecto, el exsubsecretario de Redes Asistenciales y coordinador de la red privada Covid-19, Luis Castillo, explica que "el número de camas críticas basales para el próximo año debiese ser de 400 a 450 en el sector privado", muy por sobre las 349 camas que reportaba la Asociación de Clínicas de Chile hasta antes de la pandemia.

A juicio de Zúñiga, el agrandamiento del sistema público permitirá, entre otras cosas, reducir la dependencia de dichos prestadores. "Si esas camas no se ocupan para coronavirus, nos permitirán realizar una mayor cantidad de cirugías o derivar menos (pacientes) a los recintos privados", comenta.

En esa misma línea, añade que "con la ampliación, habrá una sustitución del financiamiento al dotar de mejor capacidad lo público, en desmedro de comprar al extrasistema privado".

Como sea, en caso de rebrotes, de igual forma está contemplado el uso de la capacidad de los prestadores privados, que deberán ampliar, en el plazo acordado, su capacidad al menos en un 50% o más si la autoridad así lo exige. Sobre los costos asociados, el doctor Castillo comenta que tener operativa una cama UCI bordea "los US$ 800 y US$ 1.000 por día", considerando el equipamiento y el personal especializado para asistirla.