Justo la semana que comenzaron las campañas por el Apruebo y el Rechazo a una nueva Constitución, la Sofofa concluyó un trabajo de dos meses para elaborar una 'hoja de ruta' del debate por la Carta Magna.

Eso sí, aclara de entrada Bernardo Larraín, presidente del gremio, no se trata que estén dando un apoyo a alguna de las dos alternativas, sino más bien tiene que ver con pragmatismo. 'En cualquiera de los dos escenarios, sea el Apruebo o el Rechazo, se va a iniciar un debate constitucional, y nosotros creemos que los empresarios debemos estar activamente participando', destaca.

En el informe, que aún está 'en desarrollo permanente', aclara Larraín, participaron 15 consejeros en su elaboración: además del presidente de la entidad gremial, Susana Jiménez, Matías Claro, Carmen Román, Charles Kimber, Claudia Seebach, Felipe Joannon, Javier Álvarez, José Carreño, Juan Andrés Errázuriz, Julio Pellegrini, Matías Concha, Paz Ovalle, Victoria Vásquez, Rafael Palacio (director de Políticas Públicas de Sofofa), Aurora Olave (directora ejecutiva de Sofofa), además de Angélica Cepeda y Alan Meyer como colaboradores externos.

Además, en los próximos días iniciarán seis encuentros, dos nacionales y cuatro de macrozonas regionales, para conversar sobre los pilares que establecieron y ampliar la mirada. A estos encuentros, que serán vía Zoom y habrá en cada uno entre 24 y 28 personas, están convocados empresarios, académicos, líderes políticos y dirigentes sindicales.

'Nos preparamos para afrontar una crisis sanitaria, económica, social e institucional de una profundidad inédita en los últimos 30 años. Desde el año 1982 no teníamos una caída trimestral de nuestra economía como la del segundo trimestre del año 2020 y alrededor de 3 millones de personas sin empleo. La salida de esta crisis requerirá del esfuerzo de todos y, más que nunca, de la acción decidida de las empresas', reza el documento. 'Para ello, proponemos una hoja de ruta con un punto de partida y dos vertientes que deben evolucionar en paralelo como vasos comunicantes. El punto de partida es la recomprensión del Chile post covid-19; los dos ramales son el proceso constitucional y la recuperación económica y social', agrega.

Y así, la Sofofa enumera siete pilares que debería tener la Constitución.

1. Propiedad privada, libertad económica y de asociación y principio de no discriminación

'Queremos promover un reformismo gradual y decidido que parta, sin renegar, de lo que hemos construido en los últimos 30 años y de la tradición constitucional de nuestro país. Nos distanciamos de la lógica refundacional, que nada bueno reconoce de lo que se ha construido en estos 30 años, pero también del inmovilismo o las defensas del statu quo, porque solo acrecientan la crisis', recalca el documento de trabajo.

El primer punto que tratan es la propiedad privada. 'Una base fundamental de la democracia constitucional (elemento político), del funcionamiento eficiente de los mercados y del sistema de contratos (elemento económico) es la propiedad', se lee, pero también expresan que es importante que se delimiten los alcances y formas de expropiación, como lo hace la Carta Magna vigente.

Además, afirman, otro elemento fundamental de la sociedad es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica: 'toda persona, sea esta natural o jurídica, tiene la facultad de iniciar y mantener con libertad cualquiera actividad en las diversas esferas de la vida económica, garantizando, por consiguiente, la realización de actividades productivas, de servicios y de comercialización de todo tipo de bienes. En el mismo sentido se encuentra la libertad de asociación de las personas en cuerpos intermedios. En cuanto a la posibilidad del Estado de desarrollar o participar de alguna actividad empresarial, consideramos importante mantener que ello deba consagrarse por ley y que se fortalezca el principio de no discriminación, en el sentido que una empresa estatal debe estar sujeta a las mismas legislaciones comunes que los privados, sin gozar de privilegio regulatorio alguno', recalcan como punto número uno.

2. Responsabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco Central

'La nueva economía requiere de ciertas instituciones y reglas básicas que son el requisito indispensable para dotar a la economía chilena de certeza y credibilidad ante el mundo, los inversionistas y los propios ciudadanos. Nos referimos a la iniciativa legislativa exclusiva presidencial y al estatuto del endeudamiento público y la responsabilidad fiscal', expresan. 'Cabe debatir, sin embargo, qué flexibilizaciones son posibles para bajar la tensión entre el Gobierno y el Congreso en materia de iniciativa', abogan.

Otro tema valioso de agregar a la Constitución, estima la Sofofa, es un principio de responsabilidad fiscal como un marco general a ser respetado en el cumplimiento de los derechos y garantías que la Constitución consagra. Finalmente, la regla de que los tributos deben ser igualitarios, que deben ser establecidos por ley y que su recaudación debe ingresar a rentas generales y no podrán estar afectos a fines determinados, 'es una sana regla de responsabilidad fiscal', apuntan.

También coinciden con los especialistas respecto a mantener la autonomía constitucional del Banco Central. Y hacen una advertencia: 'Sin perjuicio de lo anterior, es importante advertir temas que pueden representar un riesgo relevante a su autonomía y su mandato de control inflacionario: incorporar la responsabilidad política del presidente del Banco Central, mediante la acusación constitucional, y la ampliación de los objetivos del Banco Central hacia objetivos de crecimiento económico y empleo'.

3. Los derechos sociales, sus mecanismos de exigibilidad y la provisión mixta

El tercer tema que apunta es que la consagración constitucional de derechos sociales no necesariamente corresponde a una herramienta real y efectiva para aumentar el bienestar social. 'Por el contrario, puede generar falsas expectativas al enfocar la atención en el lugar incorrecto y plantearnos ante un falso dilema', expresan.

Merece, por lo tanto, un debate más profundo el cómo acoger la necesidad de fortalecer y perfeccionar los derechos sociales y simultáneamente establecer que su exigibilidad corresponda al legislador y a la política pública, de manera de evitar un activismo judicial, expresan.

'Finalmente, creemos importante debatir sobre cómo establecer que la condición de derechos sociales no impide que su prestación sea plural, estableciendo un principio de compatibilidad de la iniciativa privada (sociedad civil o empresarial) y pública. Asimismo, creemos importante consagrar la libertad de elección de los ciudadanos', destacan.

4. Modernización del Estado

También importa, dice la Sofofa, 'actualizar la regla de responsabilidad del Estado y sus funcionarios, incluyendo el reforzamiento de la responsabilidad de los jueces por error judicial y por negligencia en la administración de justicia. Una futura Constitución debiera también consagrar un derecho a la buena administración pública, incorporando las garantías del debido proceso administrativo a los administrados, e incluyendo, por ejemplo, reglas como el silencio positivo que podrían cambiar la dinámica de la relación entre administración y administrado'.

El proceso constitucional debe ser una oportunidad para reforzar la autonomía y gobernanza de las agencias públicas de manera de evitar su captura por intereses privados o político-partidistas, destaca el gremio.

5. Proceso político-legislativo con mayores estándares técnicos, de transparencia y accountability

Asimismo, la Sofofa estima que desde el punto de vista constitucional, 'interesa generar nuevos mecanismos y reglas que garanticen un debido proceso legislativo, que es tanto un estándar de actuación para el propio Congreso, en términos de exigencia de mayor calidad técnica, participación ciudadana, de la sociedad civil y de los agentes regulados (empresas y otros), transparencia y accountability, sino también como garantía a los ciudadanos'.

6. Descentralización inteligente

En otro punto se explayan en que la Constitución debe ser un punto de partida para una descentralización inteligente. Entre los principios que deben guiar una reforma en este sentido destacan mantener el equilibrio macroeconómico; evitar que aumente la disparidad entre territorios; permitir que las regiones puedan verse beneficiadas más directamente por las actividades que se llevan a cabo en sus regiones; y aumentar su poder de decisión para la asignación de los recursos que reciben, incluyendo aquellos que reciben del FNDR. Creemos que no están dadas las condiciones y no es conveniente transitar a un modelo con autonomía tributaria y de ingresos propios de los Gores que asegure un desarrollo equitativo.

7. Reconocimiento de pueblos originarios e igualdad de derechos entre hombres y mujeres

El último punto que trata el documento es sobre el avance hacia el reconocimiento de los pueblos originarios, 'consagrando la dimensión histórica de estos pueblos en la evolución de la Nación chilena, su cultura, lenguaje, entre otros. Junto a ello, imponer un deber al Estado de promover estos aspectos'

Mientras que en la dimensión de equidad de género, 'es importante debatir cómo se puede consagrar una regla explícita respecto de evitar toda discriminación y violencia contra las mujeres (reforma constitucional promovida por el actual gobierno), y una regla explícita en materia de igualdad de derechos en materia laboral', recalcan.