"Si el gobierno no es capaz de solucionar este grave problema que hoy está afectando a miles de chilenos a raíz del desabastecimiento (...), deberemos acusarlo constitucionalmente". Con esas palabras, el jefe de bancada de diputados de la DC, Daniel Verdessi, salió ayer a darle un ultimátum al ministro del Interior, Víctor Pérez.

Secundado por sus camaradas, el parlamentario advirtió que le daban al secretario de Estado 24 horas para restablecer el "orden público" e invocar la Ley de Seguridad del Estado en contra de los camioneros, que al cierre de esta edición mantenían el bloqueo de carreteras (ver central), o de lo contrario, anunciaron, impulsarían el libelo en su contra.

"El gobierno tiene 24 horas para poder llegar a este acuerdo, de lo contrario le exigimos que cumpla con su obligación de invocar la Ley de Seguridad del Estado. Ya lo dijo el fiscal nacional, el único que puede invocar la Ley de Seguridad del Estado es el ministro del Interior", agregó el diputado Matías Walker (DC), quien junto a su par Gabriel Ascencio iniciaron un estudio jurídico de la acción.

El anuncio de los parlamentarios tuvo eco en el resto de la oposición.

"La ley no se puede aplicar de manera discrecional según la afinidad política o amiguismo (...). No descartamos ninguna acción fiscalizadora", afirmó el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto. Como ese partido, otras bancadas, como RD, se sumaron.

El ultimátum de los legisladores, en cambio, no cayó nada de bien en La Moneda. "Los llamo a actuar con responsabilidad (...). A mí me llama la atención que exista en este momento una voluntad de impulsar eso y, por ejemplo, cuando un grupo violento quemó cuatro, cinco casas nadie promovió acciones de esta naturaleza", afirmó el propio Pérez, mientras que el vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, sostuvo que "el país está cansado de los ultimátums".