No más allá de esta semana. Con ese timing trabajan en el Gobierno para lanzar la esperada propuesta de incentivos a la contratación de trabajadores. El instrumento que servirá para estimular la oferta de trabajo, en medio de una alicaída economía producto de la pandemia, surgió del Acuerdo Covid alcanzado en junio entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición.

Ayer la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, entregó más señales respecto de la medida. 'Debemos pensar en soluciones múltiples que primero protejan y potencien aquellos puestos de trabajo que no se han destruido; que permitan a los empresarios reincorporar a aquellos que han estado suspendidos por la Ley de Protección del Empleo y, sobre todo, que faciliten poder volver al mundo del trabajo a aquellos que están desempleados.

Para eso estamos estudiando medidas que contemplen la posibilidad de subsidios y que deberían ser anunciadas en los próximos días', afirmó la ministra a 'El Mercurio'. Zaldívar adelantó que una de las principales aristas de la propuesta es asegurar que los más de 730 mil trabajadores con contratos suspendidos no sean finalmente despedidos. También se pondrá foco en otros grupos. 'Debemos tener presente que, por ejemplo, dentro del universo de trabajadores que están protegidos por la Ley de Protección del Empleo, el 95% trabaja en micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que debemos buscar los mecanismos para que las empresas puedan retenerlos, ya sea por la vía de subsidios a través de Sence o bono al trabajo. También debemos poner especial énfasis en ayudar a las mujeres, las que han sido las grandes afectadas en esta crisis. Además, pensamos en aportes directos para aquellas empresas que habiendo sufrido bajas considerables en sus ingresos, necesitan el apoyo del Estado para no concretar despidos', precisó.

Diseño y ejecución

En el Ejecutivo han anticipado que uno de los primeros objetivos es incrementar temporalmente la cobertura de los subsidios a la contratación vigentes para jóvenes y mujeres, desde el 40% al 60% más vulnerable. En paralelo, crear un subsidio mensual, también de carácter temporal, para todo trabajador desempleado o suspendido. El subsidio debe ser equivalente a un porcentaje del sueldo mínimo, con un tope de remuneración bruta mensual de 20 UTM. Uno de los escenarios que se ha trabajado es que el aporte a la contratación sea entre un 40% y un 50% del sueldo mínimo. En la actualidad, este alcanza los $320.500, por lo que el aporte estatal podría ascender hasta los $160 mil por trabajador.

Una vez extinguido el subsidio, se establecerá un crédito tributario a la contratación equivalente al 23% del valor de la remuneración de cada nuevo trabajador dependiente. El esquema debe contar con un piso mínimo de meses de contratación y un tope máximo del monto del crédito por contratación. Para impedir que las empresas despidan y contraten a sus trabajadores existentes para acceder al subsidio, antes de la entrada en vigencia del instrumento, las compañías deberían inscribir en un registro la nómina de trabajadores con contrato vigente. Para ello, se evalúa fijar la planilla de empleados en una fecha determinada utilizando datos de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), para lo cual se debe además establecer un mecanismo que prohíba a las empresas despedir para recontratar con el subsidio. Si el subsidio aplica en su variante de retención de trabajadores, se estudia fijar restricciones o prohibiciones al despido por un período de 3 o 6 meses a partir del mes siguiente del último mes en que se recibe el aporte.

El diseño sobre el que se trabaja apunta a que los subsidios no requieran proyectos de ley, sino que sean implementados mediante decretos que permitan transferencias directas a Sence, tanto para potenciar nuevas contrataciones como para sostener a los trabajadores que regresen a sus labores luego de la suspensión de contratos. La semana pasada la Dirección de Presupuestos (Dipres) envió un oficio a la comisión de Hacienda del Senado, en el que se sinceró que ya hay comprometidos US$ 1.507 millones con cargo al Fondo Covid para financiar medidas para mantener e incentivar la contratación. Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, estima que la implementación rápida de la medida podría ayudar a impulsar una mayor recuperación del crecimiento hacia fin de año. 'En el último trimestre vamos a ver un crecimiento muy cercano a cero y si es levemente positivo, va a depender del impacto de las políticas, como es cuando se inicie el plan de subsidios', dice. El economista senior de LyD, Tomás Flores, ve un impacto de los subsidios en la actividad hacia el primer trimestre de 2021.