Una solicitud para que el Ministerio Público persevere en todas las causas por atentados incendiarios contra faenas de bosques ocurridos a partir de 2018 en La Araucanía realizó la Asociación de Contratistas Forestales. Desde que comenzaron los ataques focalizados en estas actividades en la macrozona sur del país, en 2014, suman un total de 213 episodios. De ellos, 133 han ocurrido desde enero de 2018 y 60 se han registrado en comunas de La Araucanía.

Si bien la organización ya había solicitado a todas las fiscalías de las regiones en que se producen este tipo de atentados el estado de avance de cada investigación, esta vez pidió priorizar aquellas de data más reciente. 'Debimos pedir que se prioricen aquellas causas abiertas en los últimos tres años, porque subentendemos que desde 2017 hacia atrás no se pudo obtener nada y, en cambio, mientras más cercana es la fecha, más probabilidades existirían de conseguir pruebas y lograr algún resultado', expresó el gerente de los contratistas, René Muñoz.

La petición se concretó en el marco de la primera reunión de la mesa de trabajo que busca prevenir los ataques contra faenas forestales y cuya constitución fue ordenada por un dictamen de la Corte Suprema. La resolución, conocida el 30 de julio, acogió un recurso de protección presentado en contra de las autoridades de La Araucanía por incumplimiento de su responsabilidad de brindar protección y seguridad a la población.

Entre los aspectos contenidos en el fallo, el máximo tribunal dispuso la elaboración de un catastro con el total de faenas forestales que se realizan en la región y el posterior análisis de cuáles presentan riesgos de sufrir hechos de violencia rural.

Durante la primera sesión de la mesa de trabajo, la que reúne al intendente de la región, a fiscales, a jefes de Carabineros y de la PDI, a contratistas forestales y a trabajadores y que tendrá periodicidad mensual, también se abordó la necesidad de mejorar el resguardo de los lugares que han sido blanco de ataques, dado que en el intento de combatir los incendios intencionales se han generado alteraciones de las pruebas. 'Hay coincidencia en que este aspecto debe ser enfrentado con un instructivo en que se establezca lo que debe y lo que no se debe hacer luego de ocurrido un atentado, para no afectar la investigación', explicó.

Otro aspecto discutido por los participantes fue el incremento de las agresiones hacia las personas. 'Nos preocupa que los ataques no solo quemen los equipos y hayan escalado y estén causando daños y lesiones a los trabajadores', recalcó y estimó que 'entre secuestros, agresiones y lesiones, tenemos, por lo menos, 150 trabajadores afectados en siete años'.