Por teléfono y con un cuestionario más acotado se implementará a partir del 31 de octubre y hasta fines de enero de 2021 la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) con el fin de medir la pobreza en el país.

Centrada en dimensionar esta variable a través de los ingresos que obtienen las personas por su trabajo u otras fuentes como las transferencias del Estado, esta versión de la medición -postergada por el estallido del conflicto social hace casi un año-, busca ser comparable con el registro tradicional que en 2017 dio cuenta que un 8,6% del país es pobre.

Nadie duda que ha habido un incremento, pero no es clara la magnitud dada la nociva combinación de pérdida de empleos, salarios a la baja y caída de la actividad económica, cuyo número oficial se conocerá el primer semestre del próximo año.

'Es complejo hacer una estimación de qué tanto podría aumentar la pobreza producto de la recesión que estamos viviendo', dice el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann.

Con una pérdida de puestos de trabajos que ronda los dos millones, junto a una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) prevista por el Banco Central entre 5,5% y 4,5% para este año, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, pone en la mesa los antecedentes de la Cepal: 'En Chile, particularmente, y en toda Latinoamérica, la evolución de la pobreza ha estado muy relacionada con el crecimiento económico. Prácticamente, un punto de crecimiento, es un punto menos de pobreza; y un punto menos, es un punto más'.

En este contexto, precisamente el organismo estimó en julio que la pobreza del país se ubicaba en una tasa de 15,5%.

Un nivel con el que coincide el investigador del Núcleo Milenio en Desarrollo Social (Desoc), Esteban Puentes, al suponer el impacto a nivel nacional de la crisis sanitaria. El académico de la Universidad de Chile, quien calcula para la Región Metropolitana un nivel de 25% basado en la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Centro de Microdatos de marzo y que no incluye la variable de los subsidios en los ingresos, concluye que 'si uno considera los subsidios, uno puede llegar a los números de la Cepal'.

Irarrázaval se hace eco del punto. 'Es importante considerar la cantidad de transferencias que se han hecho. Por ejemplo, con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) el Gobierno ha destinando cerca de US$ 800 millones mensuales a las familias, lo que podría tener algún efecto en contrarrestar el crecimiento esperable de la pobreza dada la caída del Producto', señala.

A ello se suman otras acciones del Estado, como la mayor facilidad de acceso al Seguro de Cesantía y la Ley de Protección al Empleo, que menciona Hermann.

Desde Libertad y Desarrollo si bien aclaran que no tienen una estimación de personas en una situación de mayor vulnerabilidad -dada la mutiplicidad de factores que inciden-, estiman que hay 866 mil hogares que se encuentran en 'especial amenaza' dadas sus circunstancias particulares de empleo, ingresos y las restricciones que impuso la pandemia. Ellos en 2017 estaban fuera de la pobreza.

La adecuación de la encuesta -que inició ayer la verificación presencial de los hogares- implicó que sólo algunas variables que permiten dar el enfoque multidemensional -o sea, que van más allá del tema ingreso, serán incluídas. Entre ellas, el hacinamiento y la malnutrición, de acuerdo con la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.