La Cámara de Diputados ratificó y aprobó gran parte de los cambios realizados por el Senado al proyecto de ley que crea hasta el 30 de junio de 2022 el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, por un máximo de US$ 12.000 millones.

Sin embargo, el diputado Patricio Melero (UDI) hizo reserva de constitucionalidad de la norma transitoria aprobada por la oposición que exige un detallado informe de los recursos en el marco del Presupuesto del año 2021.

Justificó su decisión de acudir al Tribunal Constitucional señalando que 'el artículo transitorio crea un deber de información imposible de cumplir y trata sobre materias de administración financiera, así es que vulnera el artículo 65 inciso número 3 de la Constitución'.

La norma impugnada fue elaborada por los senadores Jorge Pizarro (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS) en la comisión de Hacienda y luego fue respaldada en la sala del Senado a pesar de los reparos del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y del director de Presupuestos, Matías Acevedo.

El artículo señala que en la formulación del Presupuesto 2021, el Ejecutivo deberá presentar el presupuesto de manera tal que puedan identificarse 'claramente aquellas iniciativas, incluyendo proyectos de inversión, que se financiarán con cargo al Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, especificando una estimación de los montos comprometidos y períodos de ejecución para cada una de ellas. Si el financiamiento fuera mixto (con cargo al presupuesto regular y al precitado Fondo), deberá indicarse de manera separada el monto correspondiente a cada una de las referidas fuentes de financiamiento'.

Además, establece la obligación de presentar como programas presupuestarios los erarios asociados a los 65 hospitales que actualmente cuentan con Grupos Relacionados de Diagnóstico. Y que la información relativa a toda clase de inversión pública, incluidas concesiones, contemplará los valores adjudicados, plazos de ejecución y todas las modificaciones que experimenten.

Las normas que pasaron a comisión mixta son la que prohíbe el aporte de recursos del fondo a empresa sancionadas por faltas a la libre competencia, y la que establece que no podrán contabilizarse con cargo al fondo los menores ingresos efectivos que provengan de medidas tributarias de reversión automática.