El dolor y la impotencia por la pérdida y contagios de seres queridos en la pandemia ha impulsado que miles de personas en todo el mundo hayan llevado a la justicia de sus respectivos países acusaciones contra las autoridades por la gestión contra el Covid-19. En otros casos han sido legisladores los que han solicitado procesos judiciales. La guerra jurídica desatada en los últimos meses -cuando la mitad del mundo sigue azotado por el virus- sería el inicio de más querellas que podrían surgir en los próximos meses y que hasta ahora no tiene culpables.

Países, presidentes, ministros y gobiernos han sido demandados por su eventual responsabilidad en la propagación de la enfermedad que hasta ahora deja más de 33 millones de casos y un millón de muertos (ver páginas 16 y 17). Los especialistas, eso sí, sostienen que la mayoría de las quejas se esfumarán durante el largo camino judicial. Sin embargo, si algún tribunal falla contra las autoridades -que en su mayoría gozan de inmunidad- por el manejo del virus eso generará un precedente que podría repetirse en otros casos, abriendo así una puerta ante la justicia difícil de cerrar.

Una de las naciones que acumula más causas legales es China, donde se originó el coronavirus. El estado de Missouri, en EE.UU., demandó en abril al gobierno de Xi Jinping por no "hacer lo suficiente para evitar la propagación del virus". Adicionalmente, un grupo de neoyorquinos entregó a una corte local una demanda colectiva contra la OMS por "negligencia grave al encubrir la pandemia".

Pese a los recursos judiciales, el diario The Guardian recuerda que existe el "principio de inmunidad soberana de los Estados extranjeros" y en el caso de las políticas sanitarias de cada país, las regulaciones de la OMS "son legalmente vinculantes, pero no hay sanciones por incumplimiento".

Austria

En este país se presentó en abril la primera demanda colectiva por "no proteger a la población del coronavirus". Más de 4 mil turistas de distintos países denunciaron al gobierno austríaco tras contagiarse en la estación de esquí Ischgl, en el estado de Tirol. La parte acusatoria apunta a que las autoridades de salud pública tenían en conocimiento los primeros casos positivos en el lugar el 5 de febrero, pero la popular localidad siguió funcionando sin ninguna restricción sanitaria con bares y restaurantes repletos. El 7 de marzo se revelaron los primeros testeos positivos, lo que obligó a cerrar la ciudad el 13 de marzo sin previo aviso, lo que provocó una "caótica evacuación que llevó a casos positivos adicionales". Este actuar habría desencadenado que el complejo turístico fuera uno de los primeros lugares de propagación del virus entre febrero y marzo.

Entre los demandantes figura la familia de un hombre que murió a causa del virus tras su viaje al país y de un turista alemán que tras estar internado en una UCI, quedará con secuelas de por vida. Ambos exigen una compensación de US$ 116 mil por parte del gobierno, al que acusan de actuar mal y con lentitud ante el brote.

Según el abogado Peter Kolba, de las 6.170 personas de 40 países que ha contactado, cerca del 80% se contagió tras regresar de Ischgl y 32 fallecieron.

Italia

"Noi Denunceremo" (nosotros denunciaremos) es el nombre del grupo de Facebook creado en marzo por Luca Fusco y Consuelo Locati, a quienes lo unió la tragedia después de la muerte de su padre y madre, respectivamente. La página, que surgió desde Bérgamo -la zona más afectada de Italia- acumula más de 61 mil seguidores, que relatan en las redes sociales sus experiencias en la pandemia, y que producto de esto tienen más de 200 casos en tribunales.

A diferencia de otros procesos legales, los familiares no buscan compensación económica, sino conocer desde la voz de las autoridades locales y de gobierno por qué no estaban preparados para responder ante la pandemia y demoraron en declarar a Bérgamo como "zona roja", lo que a su juicio derivó en el colapso sanitario que dejó más de 6 mil muertos y obligó a trasladar cadáveres a otras ciudades debido a que los hospitales se vieron sobrepasados.

La fiscalía interrogó al gobernador de Lombardía, Attilio Fontana y en junio fue el turno del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, que respondió durante "tres horas" a la fiscal Maria Cristina Rota, que luego tomó el testimonio por dos horas del ministro de Salud, Roberto Speranza, y a la ministra del Interior, Luciana Lamorgese.

España

Más de 3 mil familias españolas relacionadas a algunos de los más de 31 mil decesos por el Covid-19 en el país se querellaron en junio ante el Tribunal Supremo de España contra el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez y sus 22 ministros por "homicidio por imprudencia", ya que según ellos el Ejecutivo sabía del virus en diciembre. También sostienen que para fines de febrero ya habían 32 casos positivos en territorio español "sin que el gobierno adoptara medidas de prevención durante más de un mes desde que tuvieron conocimiento de la emergencia sanitaria".

Según el diario El Mundo, la querella ante el Supremo, al que están aforados todos los miembros de La Moncloa, reclama la divulgación de la información oficial que manejaban sobre el virus, así como datos sanitarios sobre los contagios.

El 15 de septiembre se conoció la primera respuesta judicial cuando la Fiscalía del Supremo, mediante un informe de más de 300 páginas, solicitó a la Sala Segunda de lo Penal "inadmitir" más de 20 querellas contra el Ejecutivo por prevaricación, homicidio imprudente o lesiones porque no existen elementos o indicios "que el gobierno se mostrara poco ágil o diligente pues adoptó el estado de alarma el 14 de marzo sin que ningún territorio solicitara un cierre".

Francia

El 17 de septiembre el denominado grupo de Sobrevivientes de Covid-19 y Familiares de Francia presentó ante el Tribunal de Justicia de la República -una corte especial para juzgar a ministros de gobierno- una querella contra el primer ministro francés, Jean Castex, por una "gestión potencialmente peligrosa y contradictoria a la crisis del Covid-19", ya que el Presidente Emmanuel Macron no puede ser "objeto de demandas" debido a la inmunidad de la que goza.

En medio de alza de casos por la segunda ola en el país que ha sumado más de 15 mil nuevos casos, los franceses acusan que el Ejecutivo mantiene la reapertura económica con eventos públicos y el funcionamiento de bares y restaurantes. Según el diario The Washington Post, si el tribunal decide procesar el caso y de ser declarado culpable, Castex podría ser condenado a dos años de cárcel, además de una multa de US$ 35 mil. Otros tres ministros del gabinete están siendo investigados por la saturación en los hospitales tras la primera ola de la pandemia.

Bolivia

Un grupo de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó en agosto una denuncia penal ante la fiscalía contra quienes resulten responsables del caso de corrupción en la compra de 170 respiradores mecánicos, no solo porque fueron adquiridos por cuatro veces su valor, pagando US$ 4,7 millones, sino también porque no eran aptos para las UTI y UCI del país.

El exministro de Salud, Marcelo Navajas, que autorizó la compra, se encuentra en prisión preventiva junto con otros cuatro funcionarios por delitos contra la salud pública.

Reino Unido

La primera demanda británica llegó en junio, cuando una doctora que perdió a su padre por Covid-19 el 3 de abril y debió despedirse de él a través de una ventana en una residencia de ancianos, presentó el caso ante el Tribunal Superior, acusando al gobierno de Boris Johnson de exponer "ilegalmente" a miles de adultos mayores a daños graves con la política que permitía a pacientes dados de alta en hospitales regresar a los hogares de ancianos, donde más de 14 mil personas fallecieron.

Según el Telegraph, la segunda denuncia llegó días después contra el secretario de Salud, Matt Hancock, tras el deceso de un farmacéutico del Servicio Nacional de Salud.