El 29 de mayo, cuando Chile contabilizó 3.665 casos nuevos de coronavirus en una sola jornada, Carabineros detuvo a un hombre en plena Plaza de Armas con Covid-19 positivo. Eran las 13.00 horas y la comuna estaba en cuarentena, lo que encendió la crítica y la preocupación de las autoridades, dado que este tipo de casos ya no podían ser catalogados como "aislados". Comenzaban a repetirse.

Hoy, a siete meses de iniciada la pandemia, aquel arresto de Carabineros es uno de los 281.176 procedimientos de detención por infringir las normas sanitarias, efectuados entre el 18 de marzo y el 21 de septiembre. Y de ese número, 6.335 personas fueron aprehendidas, según el análisis del Departamento de Análisis Criminal (DAC) de la institución, bajo la figura de "propagar contagio a sabiendas" de tener Covid-19. Esto agrupa a todos quienes fueron sorprendidos con examen positivo en la vía pública en el periodo en que debían cumplir cuarentena.

El jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, general Ricardo Yáñez, explicó que "estos datos y sus correspondientes análisis nos han permitido detectar fenómenos de movilidad y metamorfosis de algunos delitos durante la pandemia. Así también nos entregan información relevante sobre el perfil de los infractores reiterados. Y, en este caso, sobre comportamientos que pueden variar en función del género".

De hecho, del total de detenidos por "propagar contagios a sabiendas", el 80% fueron hombres.

En el resto de los casos (ver recuadro) se aprecia que entre los delitos sanitarios que registraron mayor cantidad de detenidos está la infracción de cuarentenas, con 219.885. Otro dato relevante, y que en algún momento fue un tema que gatilló un aumento de fiscalizaciones a empresas, es que 48 empleadores fueron detenidos porque obligaron a sus empleados a romper la cuarentena para ir a trabajar.

Las cifras de Carabineros calzan, además, con el reporte que la semana pasada entregó la Fiscalía Nacional. El Ministerio Público informó que entre el 1 de marzo y el 4 de septiembre recibieron 283.048 imputados por delitos contra la salud pública.

A juicio del ente persecutor, el artículo 318 del Código Penal, que regula los delitos contra la salud, sanciona a quienes infringen la cuarentena y las normas que pretenden reducir la movilidad, "ya que no solo se expone al contagio individual, sino además puede transformarse en un vector para el contagio de otros".

Eso sí, al momento de recibir los detenidos de las policías, la fiscalía informó que no formaliza, por ejemplo, a quienes "salgan en busca de sustento, los que necesitan expresar pacíficamente sus demandas y necesidades, y/o aquellas que deben salir de su domicilio para denunciar un delito".

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó a La Tercera que "durante estos meses de pandemia hemos visto una baja importante en los delitos a nivel nacional. En el último mes hubo una disminución de un 65% en delitos de mayor connotación social. Sin embargo, el trabajo de Carabineros en el control y prevención del delito no ha disminuido (…). El importante número de detenciones contra quienes han intentado vulnerar las medidas sanitarias, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas, nos demuestra el trabajo y esfuerzo durante estos meses", sostuvo Martorell.

El jefe del DAC de Carabineros, comandante Patricio Santos, explicó que "el levantamiento de antecedentes nos permite elaborar políticas preventivas en ciertos lugares. Es fundamental".

La Defensoría Penal Pública es uno de los organismos que ha presentado sus reparos ante la judicialización de determinados casos: "El solo hecho de estar fuera de la residencia sin el permiso respectivo no es suficiente para cometer el delito del artículo 318. Solo debieran judicializarse por el artículo 318 aquellas conductas que efectivamente constituyan dicho tipo penal, a fin de evitar el colapso del sistema", sostuvo Francisco García, jefe de la unidad de Defensa General.