Desde que se decretó la emergencia sanitaria, se suspendieron las tramitaciones de visas consulares. Previo a eso, entre enero y marzo de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó 6.724 visas de responsabilidad democrática (VRD) en Venezuela.

El problema para los ciudadanos de ese país que buscaban emigrar a territorio nacional es que, según la Cancillería, esos documentos 'deben registrarse en Chile dentro de los 90 días posteriores al estampado. Si no, caducan'.

Además, desde RR.EE. detallan que por la prohibición de salida de Venezuela, sumada al cierre local, 'existe un alto número de visas que no se han podido estampar y cuyos antecedentes han caducado, en especial los certificados de antecedentes penales', que duran tres meses.

Mayli Villafañe (39) es una de ellas. Explica que a su esposo e hijos les aprobaron la visa en 2019 y ella tuvo que repetir el trámite, porque su pasaporte estaba vencido. Le aprobaron el visado en febrero y el 27 de mayo vencía su plazo para ingresar a Chile para registrar su residencia, pero no pudo viajar por la pandemia, así que ahora no sabe si deberá realizarlo de nuevo. Frente a eso, afirma: 'Vivir en Venezuela es muy difícil, pero no puedo seguir viviendo separada de mi familia. Si tengo que esperar un año más, ellos volverían a Venezuela para que estemos juntos'.

Eso sí, espera que al superar la crisis del covid-19 se resuelva su trámite con mayor celeridad: 'Tengo entendido que nos van a reimprimir el documento otra vez', dice. Sin embargo, la Cancillería no precisó el futuro de esos procedimientos.

Nayling Rivera (32) recibiría a su papá el 27 de marzo en el aeropuerto. Un mes antes ya le habían estampado su VRD en el pasaporte, pero por la pandemia el viaje se postergó hasta nuevo aviso y el visado caducó el 6 de junio. Ella dice que aguardan una respuesta del Consulado de Chile en Caracas para 'una renovación de la visa', aunque hasta ahora no han recibido novedades. Sin embargo, espera que se pueda renovar sin repetir el proceso, ya que 'se venció por causas mayores'.

El académico de la Facultad de Derecho de la U. Mayor y miembro del Comité Asesor de Política Exterior de la Cancillería, Samuel Fernández, coincide en que la solución más lógica sería la prórroga del documento, 'manteniendo la vigencia de las solicitudes para que puedan ingresar en las condiciones establecidas'. Y remarca que solo debe reanudarse el proceso cuando los factores sanitarios de ambos países lo permitan.

El jefe del área jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Tomás Greene, recomienda esperar y luego buscar una solución mediante el consulado chileno en Caracas. Añade que, en el peor escenario, hay distintas instancias como la reunificación familiar o el interés superior de los menores, en el caso de que permanezcan separados de sus padres. También afirma que 'es posible pedir a las Cortes de Apelaciones que revisen el caso', pero dice que eso implica la existencia de 'una actuación u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad y (que) se afecte el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales'.