Más de 12 municiones distintas ha probado Carabineros desde el 18 de octubre pasado, en medio de investigaciones y cuestionamientos al uso de la escopeta antidisturbios. Lesiones a civiles en manifestaciones generó el replanteamiento de su utilización, lo que incluye nuevos protocolos, capacitación en DD.HH. y hasta el cambio de cartucho de 12 balines (o postas) a otro de tres.

Pruebas que confirma la perito forense del Servicio Médico Legal (SML), Vivian Bustos, también asesora del Laboratorio de Carabineros (Labocar), en su declaración a la Contraloría en el sumario contra generales del alto mando.

La experta afirmó que trabajó en el estudio efectuado en 2012, denominado 'Disparos con Escopeta Antidisturbios con empleo de Cartuchería con Perdigón de Goma y sus efectos en la Superficie del Cuerpo Humano', y que el proyectil —advirtió— puede causar el estallido ocular entre los 5 y 30 metros. Sin embargo, precisó que solo se utilizó en las capacitaciones, por tres años.

La perito sostuvo que uno de los problemas en su uso es 'la distancia, pues las condiciones son diversas, hay movimiento de los intervinientes, lo que complica la determinación de la distancia, pues, por ejemplo, al levantar el arma por el funcionario pudo haber 20 metros, pero si viene alguien corriendo, en segundos esta distancia puede reducirse a 15 metros o menos, de modo que no se logra estimar con un margen de seguridad la distancia'.

'No se puede determinar dónde caerá la munición'

Bustos también aseguró que el mayor problema es la imprecisión con el blanco y que se 'puede disparar hacia el ombligo, pero por el efecto del disparo puede que aún así le llegue al ojo. Yo no dispararía, pues es una munición muy insegura; cuando uno dispara es porque quiere darle al blanco. Acá no se puede, no se puede determinar dónde caerá la munición'.

En una de sus conclusiones indicó: 'Creo que esta munición está en el límite de lo disuasivo, pues si bien tiene una finalidad disuasiva, esta se generaría a más de 40 metros de distancia, pero al perderse ese elemento no hay efecto disuasivo, sino que resulta ser traumático'. Agregó que toda la literatura médica menciona la 'posibilidad de pérdida ocular' e insiste en la distancia como clave y que aún disparando a 30 metros hay posibilidad de lesión por la irregular dispersión de las postas.

Subraya que el aspecto psicológico juega un rol importante y recuerda que 'el sujeto está disparando en el contexto de una confrontación. Se encuentra muy presente el estímulo de adrenalina, por lo que la percepción de distancia y control en el disparo se ven altamente afectados'.

Sobre una munición más grande, advirtió que también puede haber riesgo si se considera que tiene mayor precisión y pueden llegar todas las postas al mismo lugar de lesión. 'Yo no he visto hasta ahora efectos letales en nuestro país por este tipo de munición. Al no ser letal, se cumple con la finalidad del trauma no letal. Se genera el efecto que se espera, alejar al manifestante del policía o de donde el policía no quiere que el manifestante llegue. Ahora, el uso de la munición de la escopeta antimotín debería solo generar dolor (…), no que se genere un daño irreparable, la pérdida de la funcionabilidad del órgano, por ejemplo, que en el ojo haya que implantar un cristalino, o la pérdida de un diente', dijo Bustos.

General confirma prohibición de compra del cartucho calibre 12

Ante el fiscal de la Contraloría entregó su declaración uno de los miembros del alto mando que recibió cargos en septiembre, el general Jean Ronald Camus, director de Logística, quien responde por las herramientas para el control de Orden Público.

Reconoce que no conocía el estudio de la perito del SML de 2012: 'No tenía conocimiento del informe con anterioridad al estallido. Solo lo conocí con posterioridad a este. Si no me equivoco, se creó para la compra de las municiones que contiene el informe. El informe da cuenta del riesgo en el uso de las municiones, en relación a las distancias utilizadas. Tengo entendido que ese informe estaba a disposición de las capacitaciones en uso de la escopeta', comentó.

Repasó las adquisiciones de Carabineros y confirmó que 'en relación al armamento, están las granadas de mano, carabinas lanzagases, elementos que se incorporan en los carros, mezcla CS, el polvo, gases para la expulsión por carros lanzagases, las escopetas antidisturbios y el arma de fuego, esta como último elemento que puede utilizar Carabineros'.

El alto mando además detalló la compra de miles de cartuchos nuevos para evitar daños a civiles en el control del orden público. 'Producto de las lesiones en muchos ciudadanos, se buscó y presentó la idea de cambiar el cartucho a uno que se conocía y era utilizado por la PDI y creo que Gendarmería también. Cuando se elevó el uso de la escopeta al nivel 5, es decir, al inminente riesgo de vida del carabinero, se empezó a buscar algo que se pudiera usar en nivel 3 o 4', indicó el general, y planteó que 'se hicieron estudios de materiales ofertados, en los que se compró una partida, de cerca de 20.000 cartuchos. Esta compra se realizó a fines de 2019. Al día de hoy tenemos una prohibición de compra de cartucho de 12, por glosa presupuestaria'.

Confirmó que el cartucho calibre 12 quedó para el nivel 5 en el uso de la fuerza y que 'se buscó un producto que pudiera ser utilizado en el nivel 4, y de ahí emana la munición de tres postas'.

El general de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, también desconocía el informe en el que trabajó Bustos. En su declaración ante la fiscalía indica: 'Lo conocí solo cuando la fiscal Ximena Chong (de la zona metropolitana Centro Norte) me lo enseñó'. Detalló que lo solicitó la Dirección de Educación y aseguró que 'desconozco el uso del informe' y que 'no solo se hizo una compra la fecha del informe, sino que también en 2016 se compró la misma munición'.

También explicó que la decisión de cambiar a un cartucho de tres postas más grandes fue una medida institucional, por 'los cuestionamientos propios del estallido social, donde se cuestionaba el efecto que tenía el uso de la munición de 12 postas. Entonces, cuando se evalúa la munición de la PDI, se ve que tenía mejor efecto'.

Orden para que 'controláramos a nuestra gente'

El prefecto de la zona Santiago Norte, coronel Andrés Merino, entregó detalles del trabajo en la zona y dice que durante el estallido social recibían instrucciones a diario: 'Las reuniones se referían a las posibles violaciones a los DD.HH., veía que este era el tema de fondo. Se nos decía que controláramos a nuestra gente y que tomáramos conciencia de los problemas que esto podía traer, pero estas situaciones siguieron pasando igual; afortunadamente, en mi jurisdicción no hubo episodios'.

Explicó que había 1.500 funcionarios bajo su mando, que incluyen subprefectos y comisarios, y que él hace 'la bajada de lo que la institución nos instruye'.

Aclaró que los funcionarios tenían que tener certificación para el manejo de la escopeta y que antes de la crisis había menos restricciones, aunque su uso se limitaba más bien al 11 de septiembre o al Día del Joven Combatiente. Y que vivieron escenarios críticos en el último trimestre de 2019, asumiendo labores desconocidas de control de orden público, que antes estaba bajo la responsabilidad de Fuerzas Especiales. 'Mi mayor preocupación era el cuidado y trato a las personas. En algún momento, todos salimos a la calle y andábamos como locos, por los saqueos, y alguien me sugirió que se calmara el ánimo, y que empezara más bien a controlar la situación. Mis instrucciones iban en el sentido de hacer lo que se tenía a hacer, y nada más. Fue el foco de mis instrucciones', agrega Merino.

También subraya —al igual que otros oficiales en el sumario— que se instruía e insistía en la correcta aplicación del protocolo, correspondiente a la Circular 1.832. Sobre uso de fuerza y aplicación de la distancia y ángulo que se enseña en la práctica de tiro, el oficial concluye que 'la necesidad de reiterar la circular es porque se siguen repitiendo los casos (habla del período de la crisis social)'.

Al momento de su declaración, el 10 de marzo pasado, indicó: 'Sigue habiendo casos de carabineros excediéndose en la fuerza, y uno no entiende, pues pareciera que no entendieran. Mi análisis personal más que la reiteración de la instrucción, es el autocontrol que se está perdiendo, y son otras herramientas las necesarias para corregir estas conductas'.

Apuntó que hay casos graves, como la muerte de un barrista de Colo Colo en Puente Alto, y que 'no hay justificación', por lo que cambiaron a todo el mando de esa comisaría. Que todos los casos al margen de la normativa fueron denunciados, explica.

'Que personas hayan perdido la vista o muerto, por supuesto que son hechos graves. No se pueden minimizar. Y cuando se dice que no hay apoyo del mando, yo creo que el apoyo está, pero frente a actos en que se puede. ¿Qué puedo defender si un carabinero usa la fuerza sin justificación? Para mí son hechos graves que se tienen que denunciar, pues si no hay justificación en el actuar, habrá consecuencias', concluye.