Por Christian Parada y Emilia Malig, Centro de Políticas Públicas UC
Chile enfrenta un momento histórico ¡qué duda cabe! El estallido social permitió la expresión de numerosas demandas postergadas o canalizadas inadecuadamente. Pero poco se ha hablado de reformas a nivel municipal, aun cuando fueron los alcaldes quienes precisamente intuyeron –antes que el Congreso y el gobierno- que la única manera de encauzar institucionalmente esta crisis era a través de un plebiscito.
A pesar de que los municipios son los grandes prestadores de los servicios sociales del Estado, no han tenido mayor relevancia institucional en nuestra historia republicana. En efecto, cada crisis sociopolítica en nuestra historia ha significado una redistribución de los poderes entre el Presidente de la República y el Congreso, pero sin protagonismo municipal. También es importante destacar que estas grandes crisis dieron lugar a mutaciones constitucionales (como en 1891) o bien a una nueva Carta Magna (como las de 1925 y la vigente de 1980).
Con esta nueva crisis, ¿repetiremos la historia de indiferencia hacia los municipios o tomaremos la oportunidad para replantearnos su rol dentro del ordenamiento del Estado? Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE: nuestro gasto en gobiernos subnacionales es de un 17% del total del gasto público, siendo que el promedio es de un 40%. ¿Cómo superar esta brecha? La evidencia comparada muestra algunos aspectos cruciales para devolver poder a las municipalidades.
En primer lugar, investirlas verdaderamente como gobiernos locales, no meramente administradores comunales. Para ello, una nueva Constitución es fundamental, con el fin de reformar el actual artículo 118. Esto de algún modo sinceraría las expectativas que tienen los ciudadanos respecto de lo que deberían hacer los municipios y tendería a crear mayor valor público. Terminar con el actual sistema de funciones exclusivas y compartidas también evitaría duplicidades, traslapes y roces con otras instituciones.
Asimismo, es fundamental reformar los mecanismos actuales de financiamiento municipal, para que las nuevas atribuciones vayan aparejadas de mayores recursos. El Fondo Común Municipal, por ejemplo, si bien cumple con los principios de equidad y solidaridad, debe ser mejorado en cuanto a su eficiencia económica.
Un tercer punto, -y asumiendo que se logren más atribuciones y más recursos para los municipios- tiene que ver con incorporar efectivamente a los municipios en la transformación digital del Estado -a propósito de la Ley 21.180- para modernizar su gestión. Aquí será clave fortalecer la cooperación intermunicipal mediante las asociaciones municipales, en que se comparten buenas prácticas y se coordinan mejor los esfuerzos de gobernanza.
Cuarto, este empoderamiento debe ser correlativo con mecanismos como la participación ciudadana. Hoy es una de las demandas más sentidas a incluir en una nueva Constitución, y la institución pública, que por naturaleza debe funcionar como plataforma política para canalizar dichas demandas, es precisamente la Municipalidad. Tener a vecinos más presentes en las decisiones reforzaría las prácticas de transparencia y rendición de cuentas, conjurando así el atávico temor de las élites de que mayor poder a los gobiernos locales sería sinónimo de caudillismo y corruptela.
Finalmente, las municipalidades, como lo demuestran diversas encuestas de opinión, han sabido ganarse la confianza de los ciudadanos, quienes han sido testigos de la proactividad de los alcaldes. Mal que mal, han demostrado mucha mayor sintonía ciudadana que el gobierno en la crisis social y sanitaria. Sin duda, esta es la hora en que el pueblo soberano tendrá la oportunidad histórica de devolver a los municipios aquella fuerza que dio origen a la Nación, a través de los Cabildos.
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