El pasado 30 de septiembre, el Gobierno ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales, iniciativa también llamada ley de rentas regionales, la cual era largamente esperada y clave para lo que será la administración de estos territorios bajo la figura del gobernador regional, cuya elección está fijada para el ll de abril de 2021.

En su mensaje, el Presidente Sebastián Piñera da cuenta de la necesidad de realizar ajustes en la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, "con el fin de asegurar que, en el marco de las competencias que les entrega la actual ley, los gobernadores regionales electos cuenten con las herramientas adecuadas para cumplir con su mandato", posibilitando de esta forma una correcta planificación de las finanzas locales y permitiendo "mejorar la ejecución del presupuesto regional, entregar información transparente a la ciudadanía y evitar a tiempo la posible incursión en sendas fiscales insostenibles".

MODIFICACIÓN

Hasta ahora, los presupuestos de los gobiernos regionales son solicitados al Gobierno y luego discutidos y aprobados por el Congreso Nacional. El proyecto modifica esta estructura y establece la aprobación de sumas globales por parte del Parlamento, entregándole a los gobiernos regionales la facultad de distribuirlos.

Clave será en la elaboración del presupuesto regional el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), que incorpora al delegado presidencial regional como coordinador de los secretarios regionales ministeriales, jefes de servicios y directores regionales. En caso de existir diferencias entre el Gobierno Regional y algún ministerio en esta etapa, éstas deberán ser resueltas durante la formulación de Ley de Presupuestos del sector público.

De igual forma, el presupuesto deberá contener una programación financiera de mediano plazo, incluyendo una proyección de todos los ingresos y gastos para los tres años subsiguientes. Una vez formulado, "debe ser presentado al Consejo Regional (Core) para su aprobación y enviase a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), la que lo remitirá al Ministerio de Hacienda".

Asimismo, se establece que los montos asociados a compromisos de inversión de años anteriores "no podrán representar más de un 75% de los montos totales de cada año de un nuevo periodo de gobierno regional". Y si bien los gobiernos regionales podrán en la marcha realizar modificaciones en su presupuesto, estas deberán enviarse ala Dirección de Presupuestos.

El Gobierno Regional también podrá financiar proyectos de inversión propios para su funcionamiento, "siempre que no se trate de gastos permanentes, con cargo al presupuesto de invasión y hasta por el monto máximo del 1% del presupuesto". Ahora, para que ello se ejecute tendrá que contar con el voto a favor de dos tercios de los miembros del Core y el visto bueno previo del Ministerio de Hacienda. El proyecto no considera un mayor gasto fiscal, nuevos recursos ni la creación de tributos o aportes de parte de las utilidades de empresas públicas a los gobiernos regionales. Lo que se formula es una reasignación de los ya existentes.

Así, la iniciativa establece que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) aumenta de 90%a 95% su distribución. El 5% destinado al financiamiento de =agencia pasa a integrar el Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional, cuyo objetivo es financiar gastos asociados a emergencias. Se espera que este fondo alcance los $92.661 millones anuales. También se crea el Fondo de Equidad Interregional, que busca entregar reclusos para financiar iniciativas de inversión de los gobiernos regionales para disminuir brechas en el ámbito económico y de desarrollo. Se prevé un monto anual de $100.964 millones, recursos que se financiarán mediante reasignaciones de diversas provisiones actualmente destinadas a la Subdere.

ANÁLISIS PRELIMINAR

En un análisis preliminar del proyecto de ley, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile (UC), Ignacio lrarrázaval, primero destaca el hecho de que se haya concretado el ingreso de la iniciativa para su discusión.

"Es muy importante que este proyecto de ley esté sobre la mesa, porque este es un aspecto crítico para la elección de gobernadores regionales y en algún minuto estaba la duda de si este proyecto iba a estar o no antes de la elección de gobernadores. Entonces, es importante que este proyecto haya ingresado, que se discuta, que se mejore en el camino", consignó, agregando, al mismo tiempo, que lo ideal es que su aprobación se realice antes de la elección de gobernadores regionales.

En este sentido, aclara que ello es gravitante "porque los gobernadores (regionales) también tienen que ser electos con un proyecto político y, por lo tanto, ellos tendrán que prometer en sus campañas cosas acordes con lo que podrán ejecutar". En cuanto a su contenido, el coeditor del libro "Más allá de Santiago: Descentralización fiscal en Chile" puntualiza que "yo creo que este proyecto de ley cumple con ordenar las grandes fuentes de financiamiento para los gobiernos regionales, es un proyecto de financiamiento, no es un proyecto de rentas, eso es bien importante ponerlo sobre la mesa".

En términos de flexibilidad, considera que hay un avance, pues "los gobiernos regionales podrán reasignar su presupuesto, que es un tema que actualmente tiene bastante rigideces, pero parte de esas reasignaciones, igual tienen que tener una autorización". En cuanto a la creación de nuevos fondos, destaca el de Equidad Interregional, el cual, precisa, "va a ser un programa presupuestado por sí solo y tendría por ley su mecanismo de distribución. Por lo tanto, para los gobernadores o gobernadoras regionales, esto les da tranquilidad de que no va a haber un uso político de asignación de esos recursos".