Moderado optimismo. Así definen autoridades de La Moneda el ambiente que reinaba el martes 6 de octubre pasado, al término de una reunión de coordinación entre las carteras de Interior y Defensa en la que se actualizaron los planes de contingencia ante el temor de un recrudecimiento de las movilizaciones sociales por el aniversario del estallido social del 18 de octubre y el plebiscito constituyente.

Hasta el viernes 2 de octubre, reconocen en el gobierno, los escenarios que se manejaban eran mucho más tranquilizadores. La pandemia del coronavirus, que ha cobrado hasta ahora más de 13.000 vidas en Chile, obligando al distanciamiento social y a fuertes restricciones en la movilidad de las personas, había ayudado a reducir drásticamente las movilizaciones callejeras que se venían produciendo desde el estallido social del año pasado. Además, el proceso constituyente, que tendrá uno de sus hitos en el plebiscito del próximo 25 de octubre, también había colaborado en abrir caminos para una salida no violenta a la crisis social.

Aún así, desde abril hasta la semana pasada se habían registrado 918 "eventos de desórdenes públicos" en el país, aunque todos ellos de una envergadura y masividad muy menores a los que vivió el país en el último trimestre del 2019. Con la llegada de octubre, señalan en La Moneda, era lógico prever un incremento de las protestas y la violencia. Al menos es lo que indicaban los informes policiales que a diario envía Carabineros al Ministerio del Interior.

Todos los días, desde hace varios meses, en dependencias del quinto piso de la Dirección Nacional de Carabineros, ubicada en calle Zenteno, frente a La Moneda, el general director de la policía uniformada, Mario Rozas, se reúne con un pequeño grupo de miembros del alto mando para tomar el pulso de las protestas e incidentes que están ocurriendo, cita en la que participan el director de Orden y Seguridad, general Luis Yáñez; el subdirector de Carabineros, general Diego Olate; el encargado de personal, general Mauricio González, y el director de Operaciones Policiales, general Jorge Valenzuela.

En los últimos días, en el análisis policial surgían elementos inquietantes. Un aumento en los ataques a recintos policiales en algunas poblaciones de San Bernardo; en Lo Hermida, comuna de Peñalolén; lo mismo que en La Pincoya, comuna de Huechuraba, y en Villa Francia, Estación Central, totalizando desde el estallido hasta la fecha 544 ataques a cuarteles de Carabineros.

También daban cuenta del resurgimiento de otros hechos violentos, como la quema de buses del Transantiago, tal como ocurrió el lunes 5 en Av. Grecia con Salvador, en Ñuñoa.

De acuerdo con informes de inteligencia que maneja el gobierno, las fechas más preocupantes eran el 5 de octubre -aniversario del alza de pasajes del Metro que inició el estallido-, el lunes 12 de octubre -donde se prevén manifestaciones ligadas a las demandas indígenas-, el 18 de octubre, y lo que pueda ocurrir en la noche del 25 próximo, una vez que las mesas de votación hayan cerrado y comience el proceso de conteo de votos. De hecho, esa noche es la que concita mayor preocupación de las autoridades.

Desde Defensa, sin embargo, dicen que ninguno de los escenarios que barajaban las Fuerzas Armadas hablaba de un "estallido 2.0", o del temor a una radicalicalización de las acciones al nivel de las que se vivieron el pasado 18/O, con la quema y destrucción de una veintena de estaciones de Metro y saqueos de supermercados.

La alarma
De ahí que las alarmas se encendieran al atardecer del viernes 2 de octubre. Ese día, en medio de incidentes en los alrededores de Plaza Italia, entre un grupo de manifestantes y Fuerzas Especiales de Carabineros, el menor A.A., de 16 años, resultó con un TEC cerrado y múltiples fracturas de muñecas y clavícula al ser impulsado, de acuerdo con los antecedentes que maneja la fiscalía, por el entonces carabinero Sebastián Zamora al río Mapocho, desde el puente Pío Nono. Un hecho que activó a la oposición a exigir, nuevamente, la salida de Rozas de Carabineros y la reforma a la policía uniformada y a presentar finalmente la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, que estaba planeada desde el paro de camioneros, sin haber concitado apoyo transversal en la oposición. "El viernes 2 había una frustración muy grande", reconocen en Interior.

Hace más de dos meses, el subsecretario de la cartera de Interior, Juan Francisco Galli, venía trabajando con el general Yáñez, jefe de Orden y Seguridad de Carabineros, en los nuevos protocolos de intervención policial para enfrentar desórdenes públicos, los que restringen el uso de escopetas antidisturbios, muy cuestionados el año pasado por organismos de Derechos Humanos. Además, se privilegia la acción de piquetes de infantería, con los nuevos escudos -que cubren ahora todo el cuerpo- y de los nuevos carros lanzagua. "No existe el riesgo cero en una intervención policial, pero es muy frustrante que se hagan cambios y que no resulten", señala una fuente de Interior.

El manejo de la crisis que se desató tras el incidente del puente Pío Nono también agudizó las diferencias que se han venido dando en los últimos meses entre el equipo del ministro Pérez y el del subsecretario Galli, debido a la forma de trabajar más reservada del actual jefe del equipo político y al rol que han asumido algunos de los colaboradores más estrechos de Pérez en La Moneda, en particular de Giovanni Calderón -exdiputado UDI-, el que ha desplazado en influencia y en alguna de las tomas de decisiones al subsecretario.

Desde la Subsecretaría de Interior hicieron notar la molestia por la demora de Pérez en reaccionar frente a lo ocurrido en el puente Pío Nono, y a que la primera intervención del ministro de Interior fuera en el programa de televisión del humorista Che-cho Hirane en La Red. Algo que también de manera interna hizo notar la Secom.

Al incidente de Pío Nono se sumaron las protestas de este viernes en Plaza Italia y sus alrededores, las más violentas y masivas desde marzo, que terminó con buses quemados e infraestructura pública y privada dañada (ver pág. 22).

Decir la verdad
En La Moneda aseguran que el Presidente Piñera ordenó mejorar los canales de comunicación al interior del gobierno y disminuir los tiempos de reacción ante nuevos incidentes. Tanto a las Fuerzas Armadas -debido a que por el estado de excepción por la pandemia mantienen un rol en el control de la seguridad pública- como a las policías la instrucción fue clara: "Encarar de inmediato cualquier hecho que pueda ocurrir con la verdad completa", añaden fuentes de la cartera de Interior. Algo que puede parecer una obviedad, pero que no resultaba de más reiterar tras la seguidilla de versiones que entregó Carabineros en relación al exuniformado Sebastián Zamora y que llevaron a la fiscalía a abrir una arista por presunto encubrimiento, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos públicos en contra de otros efectivos policiales.

El Mandatario también ordenó constituir una instancia de coordinación en materia comunicacional para afrontar un mes complejo, como se espera será este octubre. Grupo que quedó integrado por los ministros Víctor Pérez, Jaime Bellolio, Mario Desbordes, Cristián Monckeberg, Hernán Larraín, el subsecretario Juan Francisco Galli, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, y la jefa de prensa de la Presidencia, Carla Munizaga. Este equipo ya se reunió por primera vez el martes 6 y funcionará de manera paralela a las reuniones operativas que seguirán realizando Interior, Defensa, la Subsecretaría del Delito con los altos mandos policiales y de las Fuerzas Armadas.

Hasta ahora, Defensa e Interior se han reunido a lo menos tres veces en las últimas semanas para planificar y reforzar las medidas que se tomarán para el control público.

Trescientos puntos reforzados
Pese a que aún no se promulga la ley de infraestructura crítica, en Defensa ya han definido cerca de 300 puntos que serán resguardados por efectivos militares. En esta planificación no figuran las estaciones de Metro -las más golpeadas el 18 de octubre pasado-, que seguirán bajo control exclusivamente de las policías. Eso sí, las Fuerzas Armadas conformarán "unidades de reacción inmediata", con patrullas que se desplazarán a solicitud de la policía. Estas unidades no llevarán armamento de guerra, sino dispositivos de disuasión, como bastones retráctiles y escopetas con la nueva munición de tres balines de goma, que tiene una menor capacidad de penetración y, por lo mismo, presenta un menor riesgo de provocar lesiones severas.

Preparándose precisamente para un octubre más activo, los mandos militares comenzaron hace dos meses a enviar de regreso a regiones a los efectivos que fueron trasladados a Santiago para reforzar los controles durante la pandemia, conscientes del desgaste que han tenido sus funcionarios todos estos meses. En junio, durante la llamada "batalla de Santiago" por el Covid-19, se desplegaron 14.338 efectivos militares en turnos de 12 horas continuas. Por entonces se hacían cerca de 30 mil controles diarios.

Por otro lado, en los próximos días, un número no precisado de militares destinados en regiones volverán a reforzar la seguridad en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, San Antonio y Concepción, entre otras ciudades.

Cacerolazo nacional
Desde la oposición, sin embargo, consideran contraproducente que el gobierno busque instalar en la opinión pública el temor a un recrudecimiento de la violencia. "Hasta ahora no se han registrado movilizaciones masivas, ni actos como los registrados el año pasado. Posicionar el tema ahora puede terminar incentivando a los grupos radicales", señalaba un miembro de la directiva socialista esta semana. Por ello, dicen, han sido "cautos" para responder a los emplazamientos del gobierno.

Aquello cambió en algo ayer, tras los disturbios más graves en meses. Y la condena fue explícita. "Rechazamos los actos de violencia de este viernes en Plaza Baquedano Plaza de la Dignidad", dice una declaración suscrita por los presidentes del PPD, Heraldo Muñoz, el PS, Álvaro Elizalde, y el PR, Carlos Maldonado. "Esto va en contra de la demanda social, generando desconfianza en la ciudadanía", agregaron. Además, apuntaron al efecto plebiscitario de la violencia: estos hechos, dijeron, "son funcionales a la derecha y a los partidarios del Rechazo para generar temor infundado respecto del proceso constituyente".

Esa misma argumentación estaba implícita en las discusiones de la oposición desde antes: evitar proveer material a sectores del Rechazo que reclaman por la legitimidad del proceso constituyente. "Todos sabemos que habrá movilizaciones por la cercanía del 18/0, pero la idea es darle contenido y ese espíritu movilizador esté con miras a ganar el Apruebo en el plebiscito", señala el presidente del PRO, Camilo Lagos.

En las reuniones de coordinación de los comandos por el Apruebo sí han planteado la posibilidad de convocar a un cacerolazo nacional para el 18 de octubre o en los días previos, como parte del cierre de la campaña electoral. Una idea que ha prendido fuerza en los partidos debido a que, por las restricciones debido a la pandemia, está completamente descartado hacer actos masivos.

En el PC señalan que asumen que el 18 de octubre habrá diversas convocatorias a movilizaciones, pero que estas serán con respeto a las restricciones sanitarias. El PC se plegará de manera activa a las convocatorias que surjan de las organizaciones sociales, pero con resguardos. "Sabemos que la derecha busca excusas para frenar o impedir una votación masiva en el plebiscito", señala un miembro de la directiva comunista.

Y si bien no lo dicen, el hecho de tener a uno de los suyos, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, en los primeros lugares en las encuestas presidenciales, es otro de los factores que tienen en cuenta para desear que no haya un recrudecimiento de la violencia.

Recién este fin de semana, algunas organizaciones sociales, como la Mesa de Unidad Social, esperan definir las "acciones de conmemoración y protesta" que convocarán para los próximos días y, en especial, para el 18 de octubre.

El escenario aún es incierto.