Un grupo transversal de fundaciones decidió unir sus fuerzas e impulsar una ley corta de donaciones para evitar el cierre de miles de programas de Organizaciones de la Sociedad Civil que se están quedando sin financiamiento. La idea, aseguran sus gestores, es que las fundaciones sean protagonistas de la reactivación económica y de la creación de empleo.

Entre los integrantes de la agrupación destacan Rodrigo Jordán (Comunidad de Organizaciones Solidarias), Benito Baranda (América Solidaria Internacional), Magdalena Valdés (América Solidaria Chile), Gonzalo Muñoz (COP25), Guillermo Tagle (Fundación Credicorp Capital), Roberto Méndez (Fundación para la Superación de la Pobreza), Ignacio Irarrázabal (Centro de Políticas Públicas de la UC), Paula Streeter (Sociedad en Acción), Mauricio Moreno (Así Conserva Chile), Cecilia Bravo (Clínica Familia), Nancy Alanoca (Fundación Altiplano), Cristián Heinsen (Fundación Altiplano), Sebastián Salinas (Balloon Latam), Ana Luisa Jouanne (Corporación Esperanza), Arturo Celedón (Fundación Colunga), Gladys Ramírez (Fundación Amigos de Jesús), Alberto Precht (Chile Transparente) y Rodrigo López (ONG Aumen).

'La crisis que estamos viviendo amplifica las grietas de desigualdad. La gran mayoría de los países de América Latina y El Caribe ya vivíamos una diversidad de crisis no enfrentadas, y hoy nos enfrentamos a un virus que no discrimina, pero sus efectos sí. Los más afectados siempre suelen ser los mismos: los grupos más excluidos, las niñas, niños, adolescentes, las mujeres que viven la desigualdad. Ellas y ellos son quienes ven su dignidad más mermada y eso lo tenemos que cambiar', enfatiza Benito Baranda, presidente de América Solidaria.

La agrupación, denominada Mesa Circular, es liderada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), el Centro de Políticas Públicas de la UC y la agrupación Así Conserva Chile, que en conjunto representan a más de 300 Organizaciones de la Sociedad Civil.

Luego de intensas reuniones con parlamentarios y otras organizaciones, el grupo ha logrado una gran adhesión y se ha movilizado para promover una urgente reforma (ley corta de donaciones) que evitaría el cierre de miles de programas tras el duro golpe recibido por la fuerte baja en las donaciones ante la crisis sanitaria y el menor subsidio estatal ante el complejo panorama fiscal.

'Hay sectores de nuestra sociedad que están sufriendo en forma cruel los efectos de la actual crisis. Necesitamos más que nunca a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Y la recuperación, cuando se produzca, requerirá esfuerzos especiales hacia estos sectores sociales, económicos y localidades geográficas más afectadas', dijo Roberto Méndez, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

Según un informe de Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas de la UC, en el 2015 el empleo de más de 154.000 trabajadores a lo largo de todo el país dependía de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

'Vemos cómo las organizaciones de la sociedad son cada vez más un empleador relevante, con un 3,6% de la población económicamente activa, generando empleos similares al sector de hoteles y restaurantes', destaca Paula Streeter, coordinadora de Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas UC.

La Ley de Catástrofes que implementó el Gobierno con motivo de la propagación del covid-19 permitió el aporte de millonarios recursos desde el sector privado, pero esta iniciativa no eliminó las trabas para donar a organizaciones cuyos servicios no tienen relación con la pandemia, aseguran desde la agrupación.

Ante ese panorama, Mesa Circular busca destrabar las donaciones mediante la modificación del artículo 46 del D.L. 3.063 (de Rentas Municipales) y el artículo 10 de la Ley 19.885 (Ley de Fines Sociales). (Reforma que solo requiere mayoría simple en Congreso).

Desde la agrupación explican que los objetivos concretos de ambas modificaciones apuntan a una legislación inclusiva que permita que todas las causas que generen un beneficio público puedan contar con la posibilidad de emitir certificados de donación. Además, se busca definir lineamientos de montos de donaciones dependiendo del tipo de contribuyente y promover la transparencia, exigiendo que las instituciones que se acojan a esta ley se vean obligadas a informar anualmente al Ministerio de Justicia sobre la realización de los programas financiados con donaciones acogidas a la franquicia establecida.