La cientista política Gloria de la Fuente asumió el jueves la presidencia del Consejo para la Transparencia. Ese mismo día, luego de la ceremonia, tuvo sus primeras reuniones como timonel del organismo con la asociación de funcionarios de la institución y organizaciones de la sociedad civil. En esta entrevista, De la Fuente aborda el rol que tendrá el consejo en el proceso constituyente y a la manera en que la transparencia puede ayudar a darle confianza y legitimidad al órgano que redactará la nueva Constitución.

¿Cuáles van a ser sus principales desafíos como presidenta?

Asumo esta presidencia en un momento de incertidumbre, pero también de mucha esperanza. Como consejo tenemos un rol fundamental que cumplir en el contexto actual, particularmente porque la transparencia y el acceso a la información no pueden ser concebidas como un privilegio.

¿Cómo lograr eso?

Quiero que mi presidencia tenga un fuerte énfasis en acercarnos a la ciudadanía. Tenemos iniciativas de acercamiento a la población en una lógica de rol docente que tiene que ver con trabajo con municipios, con universidades, con tratar de acercarnos. Queremos que la transparencia no solamente sea una buena palabra y un privilegio de unos pocos, queremos que salga de los círculos académicos y especialistas, y se transforme, efectivamente, en un derecho que tenga contenido.

¿Qué rol debiese jugar el consejo en el proceso constituyente?

Entendiendo por transparencia la posibilidad de acceder a un derecho donde conocemos los fundamentos de las decisiones, queremos poner nuestra capacidad técnica y experiencia al servicio del órgano constituyente, para colaborar en articular un reglamento que le entregue garantías de acceso a la información suficiente para la legitimidad y confianza de la ciudadanía en el proceso.

¿Cómo debiera ser ese reglamento para garantizar la publicidad y evitar los conflictos de intereses?

Tiene que haber un ecosistema en materia de transparencia y acceso a la información que funcione adecuadamente para el órgano constituyente. Los constituyentes van a ser sujetos pasivos de lobby y van a ser sujetos de declaraciones de patrimonio e intereses. Para que esto converse muy bien con el proceso completo, tiene que haber disposiciones en materia de acceso a la información pública. Por ejemplo, que haya actas que estén publicadas; lo mismo con los instrumentos o insumos que tienen a la vista los convencionales constituyentes para tomar ciertas decisiones, respetando, por cierto, el privilegio deliberativo. Es decir, tener ciertos espacios limitados de manera tal que las autoridades puedan tener todas las condiciones para tomar sus decisiones. Pero en general las personas deben tener la posibilidad de conocer y acercarse al proceso constituyente, y eso solo se logra cuando uno tiene iniciativas en materia de transparencia muy potentes y claras para la ciudadanía.

¿Cómo delimitar ese espacio? Uno pensaría que justo en lo que no sea público se tomarán las decisiones más importantes.

Ahí hay que justificar con claridad cómo ocurre eso. Espacios de reserva en materia de la ley de transparencia existen en la norma actual y lo que hemos aprendido con la jurisprudencia es que esos espacios tienen que ser acotados y claramente legitimados. No es que una persona pueda reservar cierto espacio de decisión porque sí. En la mayor parte del proceso tiene que haber apertura y acceso a la información, tanto en materia de transparencia activa y, en algún ámbito, en materia de derecho de acceso, pero entendemos que una especie de reserva es la excepción y la regla debiese ser la apertura para la confianza y legitimidad del proceso de cara a la ciudadanía.

En términos de contenido, ¿qué lugar debería tener la transparencia en la nueva Constitución?

Primero, que exista un reconocimiento explicito del derecho de acceso a la información en la Constitución política, algo que hoy está un poco más diluido. Lo segundo, que exista un reconocimiento a la protección de datos personales, y en tercer lugar, el reconocimiento constitucional de nuestra institución.

El consejo recibió reproches de Contraloría por ciertas irregularidades internas. ¿Cómo se llegó a eso y qué piensa hacer para mejorar esas falencias?

Iniciamos un camino de fortalecimiento institucional que se hizo cargo de situaciones dolorosas. Trabajamos muy de la mano con la asociación de funcionarios, lo cual implicó hacernos cargo de varias cuestiones y de poner otras en regla. Lo que me pregunta es más bien una foto del pasado, ahora estamos en una línea distinta y en el espíritu de los funcionarios sentimos más o menos lo mismo.

¿Cree que los consejeros deberían tener exclusividad?

En rigor, no hay una incompatibilidad y no existe una inhabilidad en ese ámbito, por lo tanto nadie ha estado en falta. Lo que sí creo que es importante es que tiene que haber un cambio en el gobierno corporativo. De hecho, se lo fuimos a proponer el Ejecutivo hace unas semanas atrás. Ahí propusimos varias inhabilidades, entre ellas, la exclusividad de la presidencia.

¿Qué decisión tomó usted sobre eso?

Tomé la decisión de renunciar a la presidencia y al directorio de la fundación Chile 21. Me voy a dedicar en exclusivo a la presidencia del consejo. Solo mantengo muy pequeñas actividades académicas y mi participación ad honorem en el Consejo de Modernización del Estado.