Los beneficios sociales y económicos de un sistema financiero moderno se encuentran ampliamente reconocidos en todo el mundo. No hay dos opiniones sobre las ventajas del acceso al crédito, ahorro, medios de pago y seguros. Los ejemplos cubren una amplia gama de servicios financieros. ¿En ausencia de créditos hipotecarios a 20 años, cuál sería la capacidad de las familias de comprar su vivienda? ¿En ausencia de medios de pago electrónicos y remotos, qué tanto más severas serían las consecuencias económicas de la actual pandemia? ¿En ausencia de seguros, cómo los hogares enfrentarían eventos como fallecimientos, enfermedades, terremotos o cesantía?

En estos días está siendo impulsada una iniciativa que establece que las primas de los seguros asociados a productos o servicios financieros sean pagadas en partes iguales por el acreedor y deudor. Extrañamente, la argumentación es que los seguros benefician a clientes e instituciones financieras, y por esto su costo debe ser compartido. Adicionalmente, se prohibirá la contratación de seguros donde quien reciba la indemnización no sea el acreedor —es decir, no sería posible contratar un seguro de vida donde los beneficiarios sean la familia.

Esta iniciativa proviene de mociones parlamentarias que parecen no haber medido debidamente sus implicancias, y se apartan completamente de las ideas matrices del proyecto en el que se presentaron. Tampoco fueron invitados a exponer el Banco Central, CMF, encargados de las finanzas públicas o el sector privado. Más aún, a pesar de que dichas indicaciones fueron rechazadas en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por sus efectos no deseados, fueron renovadas y aprobadas en la Sala de la Cámara de Diputados.

Estas indicaciones se fundan en un error conceptual grave. Desconocen la naturaleza del contrato de seguros, donde el beneficiado es el asegurado. Por ejemplo, en el caso de un seguro de desgravamen asociado a un crédito hipotecario, si se produce el siniestro, la compañía de seguros cancelará la deuda del asegurado y los herederos podrán disponer libremente del inmueble. Más aún, solo por contratar el seguro, el deudor se beneficia del acceso al crédito, protege sus activos y dispone de un mitigante de riesgo que permite un menor costo de financiamiento.

Las consecuencias serán un retroceso de décadas en el desarrollo de productos y servicios financieros para distintos segmentos de clientes, especialmente para los de menores ingresos. Por un lado, conducirán al término de seguros masivos, lo cual es un grave obstáculo para que los hogares gestionen los diferentes riesgos. Adicionalmente, provocarán un importante nivel de desbancarización, especialmente en hogares de menores ingresos, que se verán privados del acceso financiero formal.

La magnitud de los impactos es elevada. A modo de ejemplo, cabe señalar que los seguros asociados a créditos hipotecarios, consumo y otros involucraron el año pasado 281.500 siniestros, valorizados en US$ 315 millones; el total de pólizas de seguros de cesantía ascendió a casi cinco millones, mientras que las de seguros de desgravamen superaron los 24,6 millones. Otro ejemplo es que las iniciativas en curso simplemente eliminan la posibilidad de que los hogares contraten seguros donde ellos sean quienes reciben la indemnización, por ejemplo, los contratos de seguros educacionales con ahorro, donde el contratante es el beneficiario del pago.

El proceso legislativo, para que tenga efectos virtuosos, requiere contar con opiniones técnicas que permitan dimensionar los impactos de las diversas iniciativas y ponderarlas apropiadamente. De no suceder, y más allá de la buena intención de los autores, se concretan malas políticas públicas que solo perjudican a quienes creen beneficiar. Actualmente, el proyecto de ley está siendo analizado en el Senado, estamento que no tuvo la oportunidad de conocer y debatir las indicaciones en cuestión, por lo que es de esperar que en esta etapa se midan sus graves consecuencias.