Desde su creación en 2006, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha ejercido un rol invaluable en la promoción de la calidad de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y de los programas que estas instituciones de educación superior ofrecen. No cabe duda de que la acreditación es una herramienta necesaria y muy valiosa para todos. Por un lado, provee de información a los estudiantes que están ad portas de elegir una casa de estudios, quienes pueden tener un mapa más claro sobre las instituciones que cumplen con los estándares de calidad y rendimiento; y por otra parte, entrega evidencia al Estado para el otorgamiento de gratuidad, becas y ayudas estudiantiles. Además, resulta un ejercicio útil y provechoso al interior de las instituciones, en el que autoridades, académicos y administrativos reflexionan en torno al desempeño y se desafían a entregar cada vez mayor calidad.

En 2018, con la aprobación de la Ley 21.091 sobre Educación, se introdujeron algunos cambios a la institucionalidad del sistema de acreditación, como la creación de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Superintendencia de Educación Superior. Otras modificaciones importantes consistieron en el establecimiento de la acreditación institucional integral obligatoria y la eliminación de la acreditación voluntaria de programas y carreras, además del establecimiento de nuevos criterios de acreditación. Estos nuevos estándares, que aún no se publican, entrarán en vigencia a fines de 2022.

Propuestas

En ese contexto, el Centro de Políticas Públicas UC convocó y lideró una mesa de discusión, buscando aportar con reflexiones y propuestas. Tal como planteamos en el documento 'Aseguramiento de la calidad y la nueva Ley de Educación Superior', elaborado en conjunto con académicos y expertos en educación superior y publicado en agosto de este año, existe una preocupación por la evolución que ha tenido el sistema, que ha fomentado fuertemente el cumplimiento de criterios y estándares señalados por la CNA a través de una verificación formal y homogénea. Estos requerimientos son, por lo general, muy poco flexibles y no atienden a la diversidad y complejidad de las más de 150 instituciones de educación superior que existen a lo largo del país. Un ejemplo de ello es un indicador muy recurrente en estos procesos: la tasa de titulación oportuna. Sabemos que estudiantes que son financieramente más vulnerables suelen tener una peor preparación en la educación media. La tendencia apunta a que, cuanto mejor preparado en la educación media, un estudiante va a tener más probabilidades de graduarse a tiempo. Aquellas instituciones que albergan una mayor proporción de jóvenes de escasos recursos, no pueden aspirar a graduar a sus estudiantes al mismo tiempo que otros, que traen competencias y un bagaje cultural que les facilitan la carrera.

Por otro lado, esta avalancha de requerimientos métricos ha implicado relegar a un segundo plano las dimensiones más sustantivas del quehacer académico y de su calidad. Como la gran mayoría de las organizaciones, las universidades tienen múltiples propósitos. El problema es que los que se miden y se premian, tienden a convertirse en el centro de la atención, a expensas de otros. La investigación, la vinculación con el medio, el aporte en políticas públicas, el trato y el bienestar de las comunidades académicas, son parámetros que también hablan de calidad.

Por último, ha conllevado una pérdida de la valoración del trabajo académico en el aseguramiento de la calidad, frente al surgimiento de burocracias administrativas dedicadas a dar respuesta a los requerimientos de la acreditación. Todo esto ha llevado a las instituciones de educación superior a privilegiar, para el aseguramiento de la calidad, el desarrollo de un enfoque técnico-formal de rendición de cuentas por sobre uno sustantivo y más cercano a los proyectos educativos de las instituciones y su labor académica.

Para que el aseguramiento de la calidad de la educación superior siga avanzando a paso firme, como lo ha estado haciendo en los últimos 14 años, consideramos fundamental reorientar los propósitos centrales de la acreditación hacia apoyar el fortalecimiento a las instituciones y sus capacidades de autorregulación. Una manera de llevarlo a cabo, sería que la CNA ejerza una labor de apoyo y de fortalecimiento y la superintendencia tomara el rol fiscalizador. Sin duda se aproximan importantes desafíos y la implementación de esta nueva ley abre oportunidades de mejora que no deberíamos dejar escapar.