Hace unos días el Hogar de Cristo informó de su incremento de gastos en $2.400 millones durante la pandemia, proyectando al 2021 una necesidad extra de $5.500 millones, con ingresos por donaciones que caen en más de un tercio. Debido a la crisis este año el Hogar de Cristo cerró 28 programas y desvinculó 450 personas. Esta realidad está afectando a un grupo significativo de organizaciones sociales y fundaciones que son vitales para la descentralización de dispositivos privados y públicos que apoyen a los sectores más vulnerables y excluidos. Es de esta manera que la crisis social y sanitaria de los últimos meses, y sus consecuencias económicas, han puesto en alerta e inducido un proceso que un grupo de fundaciones ha impulsado desde el seno de organizaciones que promueven la filantropía como una herramienta estratégica con incidencia en la política pública.

Desde el lanzamiento del primer Contrato de Impacto Social de Chile, liderado por Fundación San Carlos de Maipo, hasta el 'Fondo de Respuesta Comunitaria', se distinguen hitos importantes que definen la necesidad de masificar la búsqueda del impacto colectivo que no sólo resuelva una necesidad emergente, sino que cambie la forma de desplegar una oferta en el territorio, de calidad, pertinencia, pero sobre todo reconociendo las prioridades y necesidades que las mismas comunidades levantan, fortaleciendo el tejido local y monitoreando la implementación de las acciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos, con transparencia y oportunidad.

El mundo universitario ha desempeñado un rol fundamental al promover el encuentro y las condiciones que permiten fortalecer el ecosistema. El Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, CEFIS de la UAI, ha sido un actor relevante en investigar, caracterizar y proponer caminos que fortalezcan las capacidades del sector y las condiciones que impulsen el desarrollo filantrópico en nuestro país. De esta forma, convocando a organizaciones como la Asociación de Empresas Familiares y Fundaciones con una importante red de apoyo a Organizaciones Solidarias, han surgido espacios de trabajo y confianzas necesarias para estos grandes desafíos.

Por esto es muy importante que se creen mejores condiciones para diseminar las buenas prácticas, los estándares de gestión y gobernanza corporativa, como también el acceso a financiamiento, a través de un cuerpo legal acorde a las necesidades emergentes y de largo plazo, promoviendo la simplificación de las distintas normativas vigentes y dando respuesta a la urgencia, en medio de la crisis que estamos enfrentando. Sobre un 70% de los proyectos adjudicados en el 'Fondo de Respuesta Comunitaria' obedecen a necesidades básicas de alimentación y agua, lo que no puede dejarnos indiferentes y, como sociedad, nos debe movilizar para cerrar las brechas que hoy están insatisfechas, pero que con este tipo de iniciativas es posible identificar y priorizar. Sin duda el trabajo liderado por la Fundación Colunga con la participación de Olivo, Mustakis, Fusopo, Careno, FRS, AVINA, Ilumina, COS y Fundación San Carlos de Maipo, entre otras, con el apoyo del PNUD y del BID, marca un momento clave en que la plataforma de gestión colectiva instala una capacidad de acción que debiera generar espacios de articulación con el Estado, lo que permitan aprovechar las sinergias para la crisis que estamos viviendo, como también para las muchas que sabemos vendrán en el futuro. Avanzar en una legislación que simplifique y masifique las donaciones además de promover iniciativas de impacto colectivo, son acciones necesarias para dar una nueva vitalidad y sostenibilidad al sector filantrópico.