Hace unas semanas el Fondo Monetario Internacional entregó sus proyecciones para el período 2021-2025, y confirmó lo que muchos sabíamos: Chile perdió su brillo. Panamá nos superó y Uruguay está por alcanzarnos. Vendrán otros a pisarnos los talones y posiblemente a sobrepasarnos.

La nuestra es una historia de liderazgos ganados y perdidos. Al volver la democracia estábamos en el sexto lugar en la región, con indicadores sociales muy mediocres: pobreza sobre el 50% y desigualdad alarmante. A partir de 1990, una serie de acuerdos políticos permitió democratizar el país y generar crecimiento y avances sociales nunca vistos.

En lo político, los logros son tales que en 2019 Chile fue uno de solo dos países de la región clasificados por The Economist como 'democracias plenas'. En lo económico, en 2004 llegamos al primer puesto en ingreso per cápita de América Latina. La pobreza cayó al nivel más bajo de la región —al 5%— y, aunque con lentitud, la desigualdad disminuyó en forma importante; el coeficiente Gini disminuyó de 0.57 a 0.44.

La prensa internacional habló del 'milagro' chileno, milagro basado en un sector exportador dinámico, eficiente y diversificado. Las exportaciones agrícolas, inexistentes hasta los 1980, experimentaron un aumento notable, y el país se transformó en una de las despensas del mundo. El desarrollo de una infraestructura de calidad —carreteras, puertos, aeropuertos, agua— fue esencial para este éxito.

En la segunda década del siglo XXI, la estrategia empezó a exhibir rendimientos decrecientes. Una etapa exitosa llegaba a su fin, y era necesario pasar a una próxima fase. Pero en vez de diseñar una nueva etapa de desarrollo, el país se entrampó. La derecha no entendió que era necesario evolucionar, y la izquierda no reconoció que la 'etapa uno' había sido sumamente exitosa, y que había que avanzar sobre sus bases. En 2015 Panamá nos desplazó del primer lugar.

El 'estallido' del 18 de octubre es, en parte, consecuencia de esta situación. Un país casi paralizado, con salarios que avanzan a paso de oruga, con fuerzas políticas incapaces de lograr un mínimo entendimiento, y una sensación de abusos generalizados.

El gran desafío es navegar estas aguas tormentosas y llevar al país a buen puerto. Ello requiere tres cosas: Primero, terminar con la polarización y la violencia, especialmente en La Araucanía. Segundo, poner fin al 'momento populista' impulsado por un parlamento irresponsable, y permitido por un gobierno sin brújula. Tercero, y tan importante como lo anterior, evitar los impulsos refundadores en el proceso constituyente. Hay que desterrar la idea, común en cierta izquierda, de que todo lo hecho en los últimos 30 años fue un fracaso. Para usar un proverbio alemán del siglo XVI, ¡no hay que tirar la guagua con el agua de la bañera!

Es esencial que la nueva Constitución contenga las bases que permitan pasar a una nueva etapa de desarrollo. En esta próxima fase las exportaciones, con un renovado impulso en su productividad, deben seguir jugando un rol central. Nuevos mercados deben ser conquistados y nichos con productos sofisticados deben desarrollarse en forma eficiente. Esto ya empieza a vislumbrarse. Empresas jóvenes, altamente tecnificadas y relacionadas con la agricultura, incursionan en los mercados internacionales. Entre ellas destacan empresas de drones para monitorear cultivos y uso de fertilizantes, y empresas de regadío.

En lo político hay que proteger el principio de 'una persona un voto', y diseñar un sistema que asegure la gobernabilidad.

En lo social, la pregunta no es si los derechos sociales deben estar en la Constitución —desde luego que sí—, sino cómo garantizarlos y tutelarlos. El constitucionalista Francisco Zúñiga ha planteado dos ideas importantes: los derechos sociales no deben judicializarse, y su completa adopción debe ser gradual, en un plazo de una generación, 25 años, aproximadamente. Además, deben estar plenamente financiados.

Para recuperar el impulso económico y transitar hacia la prosperidad, la nueva Constitución debe incluir ciertos principios básicos. Rector entre ellos es la protección de los derechos de propiedad sobre bienes raíces, derechos mineros, de aprovechamiento de aguas, y de concesiones de servicios públicos. Cualquier expropiación o 'quita' —incluyendo aquellas que resultan de cambios en los contratos— debe ser compensada en forma 'justa'. Esta es una norma venerable en Derecho Constitucional, que se remite, a lo menos, a la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU., aprobada en 1789.

Solo si nos movemos en esta dirección y si construimos sobre las bases de lo ya avanzado, lograremos recuperar el liderazgo perdido.