Señor Director:

Los habitantes de los territorios rurales en Chile son el 25% de la población, pero debido a la dispersión geográfica, lejanía de centros urbanos y/o falta de conectividad a redes de telefonía e internet, su participación en elecciones, cabildos u otros, se ve mermada. Incluso, en muchas comunas rurales esta bajó considerablemente en el plebiscito por una nueva Constitución.

Según registros de Indap, al 2018 existían cerca de 900 organizaciones campesinas de representación, compuestas por pequeños agricultores o campesinos y cuyo objetivo se relaciona con el bienestar de los sectores rurales. El estudio 'Organizaciones Campesinas en Chile', del Centro de Políticas Públicas UC en conjunto con Indap, da cuenta del importante rol que cumplen estas organizaciones en dar a conocer las problemáticas particulares de los territorios rurales y de grupos específicos (mujeres, pueblos originarios o emprendedores rurales), a través de la participación en mesas de trabajo con organismos públicos o con actores del mundo privado, y la incidencia en la creación y adaptación de políticas públicas.

El debate constitucional que se desarrolla actualmente considera varias temáticas que afectan directamente a los territorios rurales, entre ellos, acceso al agua, cambio climático, uso de energías renovables, descentralización y el avance hacia modos de producción más sustentables. En este contexto, las organizaciones campesinas de representación cuentan con una experiencia clave como canalizadoras de demandas del mundo rural, lo que las hace un actor importante a incorporar en la discusión constitucional. No hacerlo sería equivalente a dejar fuera la perspectiva del 82% de la población de Santiago.