* A más de ocho años de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenara a las grandes cadenas farmacéuticas por coludirse y subir los precios de remedios para varias enfermedades crónicas, el fantasma de la colusión sigue presente. A lo largo de los años, vados casos ya se han vuelto emblemáticos, con dos características comunes: un fuerte impacto negativo en el bienestar de los consumidores y multas claramente inferiores a los beneficios obtenidos por el cartel.

La colusión, donde dos o más empresas se ponen de acuerdo para no competir, no solo afecta al inundo corporativo, como demuestra el caso de las farmacias. El típico efecto implica un sobreprecio sustancial que deben pagar las personas. Esto es una violación directa a sus derechos como consumidores y, por lo mismo, es fundamental que haya una compensación.

En el inundo desarrollado, donde las multas son sustancialmente mayores (incluyendo penas de cárcel), las compensaciones civiles a los afectados son una porción significativa en los costos de involucrarse en actividades ilícitas de un cartel.

El fin último de la fiscalización, multas y compensaciones es lograr que estas prácticas ilegales no sean económicamente rentables. A todas luces, en Chile no estamos logrando ese propósito y cualquier mejora en la fiscalización (mayor presupuesto y atribuciones de la FNE), aumento en las multas (multas asociadas a las ventas del cartel) y una compensación importante y oportuna para los damnificados son instrumentos que apuntan en la dirección correcta para desincentivar estas prácticas anticompetitivas y poder lograr el máximo bienestar del consumidor, promesa última de una economía de mercado basada en la libre competencia.