El sistema penitenciario asciende a poco más de 100 mil personas, e involucra no solo a aquellas que están privadas de libertad (42 mil), sino a todas quienes tienen algún tipo de custodia estatal, incluidas las que cumplen penas en libertad. Con 83 cárceles, existen cinco de dedicación penal exclusiva para mujeres. De quienes están en la cárcel, dos tercios son condenadas/os y un tercio está en prisión preventiva. La cifra crece en el caso de las mujeres, de las que cuatro de cada 10 están por preventiva, cautelar que ha ido creciendo constantemente desde la aplicación de la Ley 20.000.

En la cárcel, cada año a nivel nacional hay 60 mujeres embarazadas y cerca de 120 viven con sus hijos menores de dos años. El promedio nacional de ocupación es 101,5%. Este promedio nos esconde los extremos y, de hecho, en el informe del 2018 de condiciones carcelarias del INDH se reportaron 43 unidades penales entre hombres y mujeres que estaban con un nivel de ocupación por sobre el 120% (19 de ellas sobre 140%), es decir, más de un tercio de las cárceles enfrenta hacinamiento grave. Cerca de un 90% de los establecimientos presenta algún problema relacionado con las condiciones materiales, tales como conexiones eléctricas defectuosas o peligrosas, ventanas rotas o sin vidrios, problemas de iluminación y de ventilación, humedad, filtraciones y falta de limpieza e higiene.

La crisis del sistema penitenciario es estructural, en ningún caso puede entenderse como una falla de Gendarmería, que con pocos recursos centra sus esfuerzos en la custodia e intenta, con limitados recursos, responder a los anhelos de reinserción; más aún, son las mismas condiciones que enfrentan los internos las que deben vivir muchos de sus funcionarios. Se necesitan medidas de parte de los diversos órganos del Estado que puedan abordar esta crisis de manera integral.

La realidad de las cárceles evidencia la fragilidad del respeto al Estado de Derecho, el que no termina cuando una persona ingresa a ellas. La privación de libertad no puede significar degradar la dignidad de la persona, ni poner en riesgo su vida. Seis de cada 10 cárceles, según el último informe del INDH, no garantizan acceso al agua y baño las 24 horas; un tercio presentan plagas de roedores u otros insectos vectores de enfermedades. Alrededor de 120 internos fallecen al año y 60 son víctimas de riñas dentro de los penales, la mayoría hombres.

Asimismo, el sistema penitenciario es deficiente en los procesos de rehabilitación y reinserción. Luego de la cárcel, más del 50% reincide al primer año, cifra que llega sobre el 70% al tercer año. A diferencia de ello, las penas en medio libre reducen la reincidencia a la mitad, y la reescolarización de los internos disminuye casi un tercio la probabilidad de reincidencia.

Es de vital importancia avanzar en la implementación de los tribunales de ejecución de penas y promover penas sustitutivas. Por otra parte, el proceso pospenitenciario no cuenta con una estructura sólida para apoyar la reinserción efectiva, ni tampoco diferencia los requerimientos específicos de la población femenina. Se requiere un conjunto de programas con evidencia a la base de la oferta, atendiendo a la realidad de género, edad y tipos de delitos.

A 10 años del incendio de San Miguel, que costó la vida a 81 compatriotas, el desafío sigue pendiente. Ha habido avances en materia de reducir el hacinamiento y segregar imputados de condenados, pero el aumento de los primeros, por el creciente uso de la cautelar, pone una importante alerta sobre la cantidad de inocentes que año a año son excarcelados, los que indudablemente, además de los cuestionamientos de la efectividad y costo-eficiencia de la cárcel, siembra un cuestionamiento a su uso excesivo.