La sostenibilidad corporativa consiste en la generación de valor para los accionistas, en el largo plazo, al aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos derivados de los impactos económicos, ambientales y sociales (DJSI). Aunque los métodos de medición son recientes, la sostenibilidad ha estado siempre presente en aquellas empresas que operan de manera responsable y de buena fe con su entorno. Sin embargo, la complejidad social y ambiental, así como los riesgos globales (pandemia, cambio climático, falta de cohesión social) hacen necesario un nuevo impulso para profundizar y fortalecer el 'pilar social' de la sostenibilidad, bajo la lógica de situar a la persona en el centro del quehacer empresarial.

La base del desarrollo sostenible son las personas (Cumbre de Río, 1992), del cual se deriva el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad intergeneracional. Por ello, toda actividad empresarial debe propender al desarrollo material y espiritual de las personas, en la medida de sus impactos y posibilidades. Así, en cuanto grupos intermedios, las empresas también están llamadas a contribuir al bien común de la sociedad. Este principio rector —actualmente en la Constitución y que debiera mantenerse—, obra como principio de legitimidad y justificación de la actividad empresarial.

El foco en la persona implica el respeto de los derechos fundamentales, lo que se ha estandarizado internacionalmente en torno a los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, elaborados por el profesor John Ruggie y aprobados por la unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2011. Estos principios han sido incorporados transversalmente por instituciones internacionales (OECD, OIT, ICMM) y nacionales (CPC, Sofofa) y es, precisamente, el estándar que el índice del DJSI mide y reporta.

En síntesis, los Principios Rectores establecen, para las empresas, el deber de respetar la dignidad y los derechos humanos de todos aquellos que son o pueden ser impactados por sus operaciones, incluyendo a los colaboradores, proveedores, consumidores y comunidades, con especial énfasis en aquellos grupos que, por su vulnerabilidad, requieren de una atención especial. Así, una adecuada gestión del pilar social consiste en identificar y gestionar los impactos que la actividad productiva tiene o puede tener en las personas que forman parte de sus grupos de interés, dependiendo del contexto y ámbito donde ejercen su influencia, esto es, también sobre proveedores y contratistas.

Una empresa que gestiona adecuadamente el pilar social es más resiliente y adaptativa a los desafíos del contexto, tendiendo a generar mayor valor en el largo plazo para sus accionistas. En el índice, la dimensión social comprende las acciones que adoptan las empresas en prácticas laborales, desarrollo de capital humano, atracción de talento, ciudadanía corporativa, seguridad ocupacional, stakeholder engagement, entre otros aspectos que tienen en común el respeto de la dignidad de la persona y su pleno desarrollo material y espiritual. Para ello, en derechos humanos, la evaluación considera la existencia de un compromiso político de la empresa, adoptado por el directorio; la realización de un proceso de debida diligencia; la evaluación, y transparencia de dichas mediciones.

Para continuar avanzando

¿Cómo avanzar, entonces, en sostenibilidad y, en particular, en fortalecer el pilar social? Independientemente del tamaño y contexto de la empresa, para mejorar su desempeño, se recomiendan los siguientes pasos: (1) Identificar los grupos de interés, desde el centro hacia fuera; (2) Identificar impactos mediante la debida diligencia, esto es, un proceso de evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento y comunicación; (3) Efectuar el análisis bajo un criterio de materialidad; es decir, identificando aquellos impactos que son más relevantes. (4) Tener una comunicación permanente y de buena fe con los grupos de interés, para evitar 'puntos ciegos', tomando en especial consideración a las mujeres; los niños, niñas y adolescentes; migrantes; comunidades indígenas, entre otros, y (5) Realizar una priorización para determinar aquellos riesgos que son más severos en cuanto a su impacto y magnitud.

Ni las empresas ni los empresarios son una isla al margen de la sociedad. Vivimos en una comunidad, con la cual tenemos relaciones e impactos recíprocos. Por ello, trabajar para fortalecer el pilar social y poner al centro a la persona es un deber ético y, además, un buen negocio. Las empresas tienen la capacidad de hacerlo con acciones, conductas y proyectos concretos, adaptados prudencialmente a la realidad que enfrentan. El éxito de la sostenibilidad para las empresas no se juega en declaraciones o políticas, sino en actos concretos. Los inversionistas y la sociedad esperamos que asuman el desafío.