Interesante y relevante la discusión que abre Eugenio Tironi en su columna, cuando nos advierte sobre una de las premisas controversiales del neoliberalismo, que indica que la responsabilidad social de la empresa es únicamente aumentar las ganancias de los accionistas.

Llama Tironi a que la empresa chilena se sume a la exigente terapia del proceso constituyente y lo haga en serio, echando mano a nuestro propio legado.

Jorge Quiroz, en sucesivas cartas a ese diario, destaca que hoy como ayer sigue siendo el afán de lucro, esa suerte de libido empresarial, el más eficaz modo de solución de muchos de los problemas que tiene nuestra sociedad y que para ello sobran ejemplos, destacando que la beneficiosa irrupción de las energías renovables no convencionales no fue el resultado de la lectura de las encíclicas papales por parte de los ejecutivos, sino de su propio afán de lucro empresarial que supo aprovechar el cambio tecnológico, resultado también del afán de lucro que tuvo lugar en otras latitudes. Concluye así que el caso exitoso de la inversión en Chile en fuentes de energía renovables tuvo como motor al lucro.

Equivoca su conclusión Quiroz al decir esto. Olvida que fue el Estado de Chile el que tomó importantes iniciativas de política pública para que tecnologías que como bien dice existían hace 40 años pudieran crecer y desarrollarse con éxito aquí.

¿Podríamos contar esta historia exitosa si el Estado no hubiese impulsado por ley la competencia en un sector que el fiscal nacional económico Felipe Irarrázaval calificaba de tener insuficiente competencia? ¿Se nos olvidó que en 2013 hubo solo una oferta en la licitación eléctrica de ese año, y posterior al cambio regulatorio de la ley de bases de las licitaciones se presentaron 83 ofertas con nuevos entrantes y nuevas tecnologías? ¿No fue acaso resultado de una buena política pública, aprobada en 2015 por la gran mayoría de nuestro Congreso Nacional, que el Estado se hizo cargo de impulsar la competencia en este mercado imperfecto? ¿Habría sido posible el boom de las energías renovables si el Estado no hubiese decretado la interconexión eléctrica del Sistema del Norte Grande (SING) con el Sistema Interconectado Central (SIC) para permitir traer desde el Norte Grande al resto del país la energía producida con la mayor radiación solar del planeta? Y todos sabemos la resistencia comercial y de intereses lucrativos que hubo para tratar de impedir hacer esa interconexión. ¿Habríamos visto estas nuevas tecnologías operar exitosamente sin una política pública potente, como fue cambiar la Ley de Transmisión Eléctrica para eliminar las barreras de entrada a la transmisión eléctrica y que es fundamental para traer la electricidad desde donde se produce hacia donde se consume?

Es imposible no recordar la decisión del Estado, a través de su Consejo de Ministros, de rechazar el proyecto de construir la central hidroeléctrica HidroAysén en la Patagonia, lo que contribuyó adicionalmente a generar un ambiente de inversión propicio para estas tecnologías renovables no convencionales de generación eléctrica.

En momentos constituyentes, donde queremos revisar la relación entre Estado y mercado, no podemos simplificar ni equivocarnos de diagnóstico. No corresponde que al revisar una de las políticas públicas más exitosas de las últimas décadas en Chile veamos en el lucro el motor de los cambios que han ocurrido en nuestro sector energético. No es bueno olvidar que era hace solo seis años que considerábamos a este sector el gran talón de Aquiles de nuestro desarrollo productivo y alertábamos a nuestra ciudadanía sobre el riesgo del racionamiento y el apagón. Y no fue el lucro lo que nos salvó de ello.