En medio de los delitos de homicidio, constantes balaceras y la importante alza que enfrentan este año esos ilícitos de un 34% —lo que motivó que el Presidente Sebastián Piñera presentara un proyecto de ley para combatir el crimen organizado—, congresistas y académicos han relevado la necesidad de contar con un servicio que se haga cargo de la asistencia jurídica y la contención sicoemocional de quienes son víctimas de estos delitos. Un organismo denominado Defensoría de Víctimas de Delitos.

La idea está en la palestra desde la Reforma Procesal Penal, e incluso fue promesa de campaña de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, pero no ha sido concretada. Así lo critica el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN): 'La Constitución mandata que las víctimas que sufren delitos violentos deben tener asesoría y defensa jurídica por parte del Estado'.

Dicha defensa jurídica debe ir acompañada de 'reparación sicológica', señala Fuenzalida, y añade que luego de 'esa reforma constitucional del año 2011, ni el gobierno de Bachelet ni el actual Gobierno han cumplido la Constitución. Aunque ambos prometieron en sus campañas la creación de la Defensoría de Víctimas, ninguno envió o ha enviado el proyecto de ley que crea el servicio'.

Propuesta desde la academia

Es en ese contexto que aparece una propuesta del Centro de Políticas Públicas de la UC, desarrollada por las investigadoras Daniela Bolívar, María Elena Santibáñez, Paula Miranda y Alejandra Mera, que logró identificar el estado actual de la investigación, los marcos normativos y las prácticas vinculadas a la asistencia a víctimas a nivel nacional e internacional, de tal manera de diseñar estrategias de intervención integral que busquen fortalecer la participación de la víctima en el sistema penal.

Para ello se proponen orientaciones que permitan la creación de un modelo de gestión y evaluación del servicio planteado, donde se contemple una política nacional de víctimas de delitos que considere el perfil del usuario del servicio y contenga un enfoque territorial y de género.

Una de las investigadoras, Daniela Bolívar, que es sicóloga y doctora en Ciencias Criminológicas, destaca que los delitos violentos 'han sido relevantes en el país en los últimos meses', y hace mención a las cifras de homicidios y ajustes de cuentas y a las cifras de femicidio.

A su juicio, la configuración del actual escenario 'implica una creciente responsabilidad por parte del Estado para dar respuesta a las víctimas'. Y desde esa perspectiva, 'la respuesta al delito debe estar conformada por una trilogía: prevención, lo que implica programas orientados a abordar las temáticas sociales que están detrás del origen de las conductas delictivas; mejorar los mecanismos de investigación policial y procesos de persecución penal más efectivos; y una respuesta estatal efectiva al delito, lo que implica generar respuestas serias tanto para ofensores como para víctimas; en el primer caso, programas orientados a la rehabilitación y la reinserción social, y en el segundo caso, orientados a la atención de los efectos de la victimización y sus necesidades de justicia'.

Sobre su propuesta, destaca que se busca la creación de un 'servicio de defensoría y atención integral para personas que han sufrido delitos en el territorio nacional, el que buscaría recoger lo mejor de lo que ya existe en materia de atención a víctimas en el país, y a la vez mejorar algunos puntos críticos', que —a su juicio— debería depender del Ministerio de Justicia en un 'marco conceptual de acceso a la justicia', pero que debería consagrarse su actuar autónomo, como lo es con la Defensoría Penal Pública, por ejemplo. Además de la creación de un observatorio que monitoree el trabajo que realizaría el nuevo servicio.

La investigadora concluye que un servicio como este debería ofrecer atención a todas las víctimas en el territorio nacional, sin jerarquizar por categorías específicas de víctimas.

Diputados: delitos más violentos y 'proliferación de armas'

El diputado Gonzalo Fuenzalida agrega que la actual situación 'ya no es un tema aislado de sectores marginales', respecto a los delitos asociados al narcotráfico y al uso de armas de fuego. 'Estos hechos vienen ocurriendo hace más de 20 años, pero hoy creció de tal forma que no hay temor a ocultarlo', asevera, por lo que la necesidad de crear un servicio como este es 'prioritaria', concluye.

Su suma al debate el diputado Matías Walker (DC), quien asegura que 'los delitos están cada vez más violentos y la proliferación de armas está desatada'. Para combatir dicho estado actual del delito, opina que es 'fundamental' que el Senado despache la reforma a la Ley de Control de Armas, aprobada en la Cámara de Diputados en 2017. Y que junto a lo anterior 'se hace necesario avanzar a una Defensoría de Víctimas de la delincuencia, en especial de delitos violentos, ya que no siempre los intereses del Ministerio Público y de las víctimas son concordantes. Necesitamos una Defensoría de Víctimas que siga los casos hasta el final'.